95498 Nicaragua: Demarcación y titulación de tierras de pueblos indígenas August 3, 2010 Enlaces: - ¿Qué es la AIF? - Nuestra labor en Nicaragua Más sobre Nicaragua: - Historia crediticia - Datos y estadísticas - Investigación - Contáctenos La mayoría de los pobladores indígenas y de ascendencia africana de Nicaragua, con su considerable diversidad étnica y cultural, viven en la región caribeña, conocida como la Costa Atlántica. Aunque la zona es rica en recursos naturales, casi 80% de su población enfrenta una pobreza extrema. El avance de la frontera agrícola, la inmigración, la reubicación de la población tras el conflicto armado y el desarrollo incontrolado, han puesto una enorme presión sobre los recursos naturales de la región, así como en los modelos de ocupación de los predios. Como resultado, las disputas por la tierra y las rivalidades interétnicas han aumentado. Durante muchos años, la falta de un marco institucional y legal hizo muy difícil para las comunidades indígenas y de ascendencia africana que sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales fueran oficialmente reconocidos y que sus territorios quedaran demarcados y escriturados. Basado en estudios del Banco Mundial que subrayan la conexión existente entre la seguridad en la tenencia de la tierra y la reducción de la pobreza, el Gobierno se movilizó para mejorar el marco legal, institucional y técnico en la administración de los derechos de propiedad en Nicaragua, comenzando con las zonas rurales, donde vive la mayoría de los pobres. Reconocer el derecho a la tierra de los pueblos indígenas en el Caribe requería un enfoque innovador y único porque había que considerar las decisiones tomadas de forma tradicional, las estructuras de consulta, los arreglos previos sobre la posesión colectiva del territorio y el uso comunal de los recursos naturales, así como la cultura y la visión de mundo de los nativos. Muchos jefes comunitarios han estado involucrados en el proceso de demarcación, que sigue una metodología participativa y enfatiza la solución de los enfrentamientos. La delimitación misma es una tarea que requiere un arduo trabajo en zonas a menudo lejanas y aisladas. El marco institucional y legal para reconocer el derecho a la tierra de los pueblos indígenas ha sido reforzado y el registro se está realizando rápidamente. Aspectos destacados: - Entre otras normativas, dos leyes clave fueron aprobadas por la Asamblea Nacional: el Régimen de Propiedad Comunal para pueblos indígenas y comunidades étnicas en la Costa Atlántica y el Bocay, Coco y los ríos Indio Maíz (Ley n.o 445 de diciembre de 2002) y la Ley del Catastro Nacional (Ley n.o 509 de noviembre de 2004). - El proceso de registro ha dado también seguridad y/o derechos de uso a quienes sin ser indígenas o de ascendencia africana –que, por lo tanto, no forman parte del sistema comunal-, pero que actualmente viven en esos territorios. La Ley n.o 445 contempla la resolución de conflictos entre las comunidades en la región y entre éstas y terceros. - Hasta julio de 2009, nueve territorios han sido debidamente demarcados, registrados y escriturados, cubriendo un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Un total de 53.000 habitantes, sobre todo de las etnias Miskito y Mayangna, que viven en 123 comunidades, se ha beneficiado de la delimitación y el registro de las tierras. - Los títulos de propiedad de Awas Tigni (733.94 kilómetros cuadrados), uno de los nueve territorios demarcados hasta ahora, representa un logro histórico. En 2001, esta comunidad había ganado un caso contra el gobierno de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que exigía el reconocimiento de sus derechos colectivos sobre la tierra. En diciembre de 2008, con el apoyo de este proyecto, la propiedad de Awas Tigni quedó legalmente registrada. - Otros seis territorios que pertenecen a los pueblos indígenas o de ascendencia africana están programados para ser deslindados, adjudicados los títulos de propiedad y registrados en 2010. El proyecto está apoyando también los preparativos para los planes de gestión territorial con la participación de las comunidades, sus líderes y autoridades. Estos ayudarán a guiar futuras inversiones en los sectores de energía, transporte y acceso al agua potable en cuatro de los territorios más pobres. - La AIF comprometió US$32,6 millones para ayudar a financiar el Proyecto de Administración de Tierras (conocido como PRODEP). El resto (calculado en US$38,5 millones) está siendo subvencionado por el Fondo Nórdico para el Desarrollo (5,5 millones de euros) y con recursos de contraparte del Gobierno de Nicaragua. - El proyecto fue diseñado por el Banco Mundial y se implementó de acuerdo a las políticas de salvaguardias de la institución. La puesta en práctica de dichas políticas ha orientado la preparación de los manuales y guías utilizados en el actual proceso de la demarcación y ayudó a asegurar un amplio consenso y la participación masiva durante el mismo. - En el caso de la regulación territorial de la costa del Pacífico, donde el marco legal no es todavía tan propicio a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las políticas de salvaguardias del Banco utilizadas en el proyecto están ayudando a promover el progreso de Nicaragua en asuntos delicados como el reconocimiento de la existencia de las poblaciones indígenas y el descubrimiento de formas viables de considerar sus reclamos sobre la tierra. Cofinanciado por el Fondo Nórdico para el Desarrollo (5,5 millones de euros). - La AIF comprometió otros US$10 millones a fines de 2009 para continuar el trabajo del PRODEP. Algunas de las nuevas municipalidades propuestas para la integración bajo esta financiación adicional, tienen poblaciones indígenas que buscan el reconocimiento de su derecho a la tierra. - Una nueva operación (apoyada por un fondo fiduciario del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, DFID por sus siglas en inglés, que es administrado por el Banco Mundial), financiará un plan de inversión multisectorial en cuatro de los territorios más pobres. Las inversiones en los sectores de energía, transporte y acceso al agua potable estarán basadas en los planes de desarrollo territorial delineados en el marco del PRODEP. Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP, 2002-2010) Documentos del proyecto