organizaciones de pueblos indígenas, población por pueblo indígena y comunidades por
provincia y región.

Estas consultas con las organizaciones e instancias representativas de los pueblos
indígenas continuarán regularmente durante todas las etapas del proyecto.

Por otra parte, el día 4 de marzo de 2011 se realizó una presentación del Proyecto ante la
Unidad de Coordinación del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF) la cual
consistió en informar sobre el objetivo, la estrategia de intervención y la población
beneficiaria del Proyecto. Los miembros de dicha Unidad de Coordinación expresaron su
apoyo y consentimiento al Proyecto y su interés de seguir participando a través de consultas
periódicas en las distintas etapas del Proyecto así como también poder opinar en la
formulación del Manual Operativo (ver ANEXO X – ACTA DE REUNIÓN CON FORO
NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (FONAF).



9.0         MARCO DE POLÍTICA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

9.1.        El Proyecto y la Política de Reasentamiento Involuntario de Población

El objetivo de esta sección es presentar un marco de procedimiento bajo el cual el Proyecto
gestionaría el reasentamiento involuntario de población en el caso que alguna de sus
actividades así lo requiriera 17.

Los lineamientos aquí establecidos responden a la Política Operativa 4.12 del Banco Mundial
sobre Reasentamiento Involuntario y se aplican a los efectos económicos y sociales directos
resultantes de las actividades financiadas por el Proyecto causados por:

      a) la privación involuntaria de tierras, que de por resultado: el desplazamiento o la
         pérdida de la vivienda; la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o la
         pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los
         afectados deban trasladarse a otro lugar o no.

      b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o
         zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las
         personas desplazadas.




17
  Se entienden por “involuntarias” aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona
desplazada consienta en ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto.


Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   93               Marco de Gestión Ambiental y Social
En caso que se determine que alguna actividad del Proyecto genere el reasentamiento
involuntario de población en los términos indicados previamente, se requerirá la formulación
de un Plan de Reasentamiento (PR) de acuerdo a los lineamientos que aquí se establecen.

El alcance de estos Planes de Reasentamiento estará relacionado con el grado de
afectación que genere el Proyecto.

Será objetivo de los Planes de Reasentamiento que se formulen:

    Mitigar y compensar los impactos por el desplazamiento involuntario cuando éste sea
    inevitable y sea causado por las actividades del Proyecto.
    Mejorar, o al menos restablecer, los medios de subsistencia y las condiciones socio
    económicas de la población desplazada por las actividades del Proyecto.
    Garantizar que el reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con la legislación
    provincial y nacional vigente.
    Garantizar que las acciones propuestas sean conocidas previamente por las personas
    afectadas y se formulen con su participación.


9.2.        Marco Jurídico

Este Marco de Política de Reasentamiento se apoya en las normas aplicables de carácter
internacional ratificadas por el Gobierno de la República Argentina, en las declaraciones y
garantías constitucionales y normas nacionales y provinciales, así como en los principios
generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que establecen las pautas para la
adquisición de predios, la tasación de los bienes afectados y la protección de los derechos
de personas desplazadas por proyectos de desarrollo.

El ordenamiento jurídico argentino reconoce, consagra y garantiza la inviolabilidad de la
propiedad privada en el texto de su Constitución Nacional. En consecuencia, cuenta con un
plexo normativo -en el orden nacional y provincial- que establece el procedimiento
expropiatorio a través del cual los Estados o sujetos expropiantes pueden privar y quitar la
propiedad a los particulares, en el interés superior de la utilidad pública y el bien común, de
manera tal que no lesione las garantías constitucionales antedichas.

La República Argentina no cuenta con una normativa que regule específicamente brindar un
servicio de asistencia y asesoramiento para la relocalización, reasentamiento, readquisición
de inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que -como
consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura- deban ser desalojados de su
lugar de residencia habitual o lugar de actividad económica.

No obstante, existe un plexo normativo genérico, conformado por normas, tanto nacionales
como internacionales, que definen las obligaciones que asume el Estado de propiciar a todos
los habitantes lo conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso


Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   94              Marco de Gestión Ambiental y Social
económico con justicia social y al acceso a una vivienda digna. Derechos todos, de
incidencia en la cuestión en análisis, que se encuentran previstos en la Constitucional
Nacional, -que incluso ha incorporado a partir de su reforma del año 1994, una seria de
pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, dándoles jerarquía
constitucional-, y en normas de inferior rango, como la ley de expropiación o la de Política
Ambiental Nacional.

La Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 17 consagra el principio de la
inviolabilidad de la propiedad y establecen que ningún habitante puede ser privado de ella,
sino en virtud de sentencia fundada en ley. También pautan que en los casos en que se
proceda a la expropiación por causa de utilidad pública, la misma deberá ser calificada por
ley y que previo a la expropiación se debe proceder a la indemnización.

La Ley Nacional 21.499, resulta reglamentaria de lo previsto en el artículo 17 de la
Constitución Nacional. Según esta norma legal pueden ser objeto de expropiación todos los
bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública”, cualquiera sea
su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o privado, sean cosas o no.

La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse
genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la
ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en
base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros
elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse, mediante la expropiación
de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes
a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica
de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas
zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las
áreas afectadas por la expresada declaración.

Además de la normativa nacional, existen normas locales, con vigencia exclusiva dentro del
ámbito de las provincias, dado el status autonómico que revisten en el sistema federal
argentino, que incluso pueden avanzar hacia un grado mayor de protección de los derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídico federal.

Así, la expropiación de tierras para la ejecución de obras de utilidad pública, fundada en una
ley previa que lo declara, está prevista en las normas de expropiación nacionales y
provinciales que aseguran la justa indemnización del valor de la propiedad de la cual se ve
privado el sujeto desplazado o expropiado. Un caso particular se presenta además para las
obras viales, cuyas marco normativo a nivel nacional y provincial cuenta con normativa
específica para la ejecución de expropiaciones vinculadas a las mismas.

En los casos que el espacio público esté ocupado por particulares que ejercen allí alguna
actividad, la situación jurídica de éstos frente a la necesaria liberación de este espacio para
la ejecución de obras dependerá del título en virtud del cual detenten el uso de este espacio:


Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   95              Marco de Gestión Ambiental y Social
Uso común: se trata de los casos particulares a los que la ley local permite el ejercicio de la
actividad sin necesidad de permiso o autorización por parte de la autoridad, caracterizándolo
como un uso común. En este caso, no corresponderá a derecho ninguna indemnización por
el desplazamiento de la actividad desarrollada en el espacio público a raíz de la ejecución de
las obras en él, como así tampoco de los perjuicios resultantes para quienes la ejerzan.

Ocupación ilegítima: se configura cuando el uso del espacio público es ejercido sin la
autorización requerida por parte de la autoridad competente. Al igual que en el caso anterior,
no corresponderá indemnización alguna de acuerdo al marco legal expropiatorio, dado que
estos ocupantes no poseen título del cual surja derecho alguno exclusivo que se vea
afectado por el inicio de las obras.

Permiso precario: En este caso, el particular ha sido autorizado por la autoridad competente
para ejercer en el espacio público su actividad conforme a la reglamentación local. Este
permiso no otorga al permisionario ningún derecho frente al Estado y no constituye por si un
derecho adquirido dentro de su patrimonio. Tiene entonces carácter precario, en tanto es
susceptible de revocación por la autoridad que lo otorgó, en cualquier momento y por
razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, basadas en el interés público y en tanto no
sea arbitraria e irrazonable. Esta revocación del permiso no acarreará indemnización alguna,
dado que no existe un derecho patrimonial adquirido.

Concesión de uso: esta concesión es otorgada por la autoridad competente local a título de
derecho de uso especial y exclusivo sobre el espacio público, el cual engendra para su
titular un derecho público subjetivo oponible ante la autoridad y terceros y constituye un
derecho adquirido dentro del patrimonio de aquél. Por ello, esta concesión no es revocable y
su revocación deberá ser indemnizada conforme el Art. 17 de la CN.

Sin perjuicio de la variedad de casos en que corresponda o no, según su situación jurídica,
una indemnización conforme a las normas expropiatorias, la asistencia para la relocalización
y restablecimiento de los medios de subsistencia y condiciones socio económicas se
garantizarán en el marco de los Planes de Reasentamiento que se formulen.

9.3.        Principios que orientan la preparación y ejecución del reasentamiento

    Minimizar el desplazamiento de población: Todos los impactos negativos del
    desplazamiento obligatorio, en la medida de lo posible, deben evitarse. Por ello, cada sub-
    proyecto analizará detalladamente todas las opciones viables, con el fin de sugerir la que
    cause menor desplazamiento, a menos que el desplazamiento sea para el beneficio de
    los involucrados.

    Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas: Se diseñarán y ejecutarán planes
    para asistir a la población desplazada por los reasentamientos involuntarios en el
    restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones socio económicas.




Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   96              Marco de Gestión Ambiental y Social
    Inclusión: Tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de su hábitat o actividad
    económica afectada, todos los ocupantes de sitios intervenidos por las actividades y obras
    del Proyecto que estén identificados en los censos que se llevarán a cabo,
    independientemente de la forma de tenencia que acrediten.

    Equidad: El acompañamiento social y técnico de los Planes de Reasentamiento serán
    proporcionales a los impactos causados por el desplazamiento.

    Igualdad: Toda persona desplazada recibirá, frente a iguales situaciones de tenencia y de
    categoría de afectación, el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a los
    programas de asistencia para el restablecimiento de condiciones socioeconómicas que se
    establezcan.

    Comunicación: La población desplazada recibirá información clara, veraz y oportuna
    sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentra su proceso.

    Consulta: La población desplazada será informada sobre las soluciones de
    reasentamiento y los planes que se formulen para ello y se tomarán en cuenta sus
    opiniones para el diseño de dichas soluciones y planes.

    Transparencia: El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin de
    garantizar que los beneficios solamente cubran a la población afectada por las obras y
    que se apliquen los criterios y procedimientos establecidos de manera equitativa para
    todos.

9.4.        Formulación y aprobación de los Planes de Reasentamiento

La formulación del Plan de Reasentamiento será responsabilidad del Equipo Técnico de
Apoyo (ETA) correspondiente, quien podrá realizarla en forma directa o a través de la
contratación externa o de convenios con instituciones públicas o universidades con
experiencia en la materia.

El Plan de Reasentamiento, luego de ser sometido a consulta con la población afectada,
debe ser evaluado y aprobado de acuerdo a los mismos procedimientos indicados para los
IIA.

Para la aprobación del PR se evaluará: a) la voluntad y capacidad del proponente de aplicar
el instrumento de reasentamiento; b) la viabilidad de las medidas propuestas para mejorar o
restablecer los medios de subsistencia y las condiciones socio económicas de la población
afectada; c) la disponibilidad de fondos suficientes para las actividades de reasentamiento; d)
los riesgos importantes que existen, en particular el riesgo de empobrecimiento, debido a
una aplicación inadecuada del instrumento de reasentamiento y e) la compatibilidad entre el
instrumento de reasentamiento propuesto y el plan de ejecución del sub-proyecto.




Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   97              Marco de Gestión Ambiental y Social
9.5.        Contenidos de los Planes de Reasentamiento

El alcance y el nivel de detalle de los Planes de Reasentamiento estará asociado a la
magnitud de la afectación que se genere. El Plan de Reasentamiento comprenderá, como
mínimo, los elementos siguientes:

- Censo detallado de las unidades sociales (personas, familias y unidades económicas)
residentes o con derechos en los predios del área afectada que definirá la fecha límite para
el reconocimiento del derecho a recibir asistencia.

- Marco legal e institucional aplicable

- Criterios de elegibilidad a los fines de recibir compensaciones o cualquier otro tipo de
asistencia;

- Descripción de impactos que sufrirá la población afectada (económicos, socioculturales,
socio ambientales; etc.);

- Una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento que
se ha de proporcionar;

- Proceso de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables;

- Descripción de los procedimientos y mecanismos para la ejecución y los procedimientos
para la compensación de los reclamos y quejas;

- Disposiciones sobre seguimiento y evaluación, y

- Calendario y presupuesto.

9.6.        Criterios de elegibilidad y categorías de afectación

Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del PR, y de las diferentes alternativas de
solución que éste ofrezca serán los siguientes:

• Residir o desarrollar una actividad económica en los predios afectados por el sub-proyecto.

• Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico
correspondiente.

La fecha de corte de los listados de beneficiarios del PR será la establecida para la
realización del relevamiento para el Censo y Diagnóstico de los grupos afectados, la cual
debe ser anunciada pública y previamente a la realización del mismo.

Las categorías conceptuales de afectación serán las siguientes:




Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   98              Marco de Gestión Ambiental y Social
Categoría I - Con derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras (incluso
derechos consuetudinarios y tradicionales reconocidos en la legislación);

Categoría II - Sin derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras en el
momento de iniciarse el censo, pero que reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a
condición de que su reclamo este reconocido en la legislación o se reconozca mediante un
proceso indicado en el PR, y

Categoría III - Carencia de un derecho legal o una pretensión reconocibles respecto de la
tierra que ocupan.

Los casos de la Categoría I y II, recibirán compensación por las tierras que pierden, además
de otro tipo de asistencia de acuerdo se establece en la sección Análisis y selección de
alternativas de solución. Los casos de la Categoría III, recibirán asistencia en caso que se
requiera su reasentamiento físico en lugar de compensación por las tierras que ocupan, y
otro tipo de asistencia, según proceda para lograr los objetivos establecidos en el presente
Marco de Reasentamiento Involuntario, si ocupan la zona abarcada por el proyecto con
anterioridad a la fecha de corte límite establecida, aceptable para el Banco.

Las personas que se trasladen a la zona después de la fecha de corte no tendrán derecho a
compensación ni a ningún otro tipo de asistencia para el reasentamiento.

9.7.        Análisis y selección de alternativas de solución

Una vez identificados y clasificados los impactos por grupos de afectación, las alternativas
que se propongan a los afectados se deben ajustar a la realidad de cada afectación.

El PR deberá contemplar un proceso de consulta que asegure la participación de las
personas afectadas en las decisiones relativas al reasentamiento. Deberá asegurarse que:

- se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados
con el reasentamiento;

- se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas viables
de reasentamiento, y

- se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición
por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto.

De requerirse traslado físico, deberán preverse medidas que garanticen que las personas
desplazadas:

a) Recibirán asistencia (como por ejemplo subsidios de traslado) durante el traslado, y




Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   99             Marco de Gestión Ambiental y Social
b) Recibirán viviendas o sitios para vivienda o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial
productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentes en conjunto a las
características del sitio original.

En los casos que sea necesario se deberán establecer medidas que aseguren que a las
personas desplazadas:

c) Se les ofrecerá apoyo después del desplazamiento, durante el período de transición,
basado en una estimación prudente del tiempo que probablemente necesiten para
restablecer sus medios de subsistencia y sus condiciones socio económicas, y

d) Se les proporcionará, además de las medidas de compensación ya descriptas, asistencia
para el desarrollo, tal como preparación de la tierra, facilidades de crédito, capacitación u
oportunidades de empleo.

Deberá darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de
tierras a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependan de la tierra.

En los casos en que se presente ocupación del espacio público, ya sea con o sin permiso de
la autoridad competente, se deberán planificar y realizar acciones con el objetivo de lograr la
reubicación de tales actividades.

Si el desplazamiento está acompañado por la pérdida en el acceso a los servicios de salud,
educación y transporte de la población relocalizada, se diseñarán las acciones
imprescindibles para garantizar un acceso equivalente en el nuevo lugar de residencia.

En los casos en que se hayan identificado personas o grupos que por sus condiciones
sociales, culturales, económicas o psicológicas resulten más vulnerables que otros a los
impactos generados por el desplazamiento, se les brindará una atención especial para
restablecer su condición socioeconómica.

En el caso de poblaciones indígenas u otros grupos humanos vulnerables deberá asegurarse
que se hayan estudiado todas las opciones viables de diseño del proyecto para evitar el
desplazamiento físico de esos grupos.

9.8.        Articulación del proceso de reasentamiento con las etapas técnicas del
            Proyecto.

En todos los sub-proyectos o planes de Alianzas Productivas que generen desplazamiento
de población en los términos definidos en este Marco, existirá una estrecha relación entre las
etapas técnicas de la obra asociadas y la formulación y ejecución del PR. Esto garantizará la
disponibilidad de predios, así como la resolución de las afectaciones que no implican
adquisición de inmuebles, en el momento de iniciar la construcción de las obras y dará el
tiempo necesario para la ejecución del PR. A continuación se describe la relación entre las
etapas constructivas y las actividades del Plan:


Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   100             Marco de Gestión Ambiental y Social
• Se identificarán los impactos potenciales, con el fin de determinar la factibilidad social de la
obra y los principales problemas a enfrentar, estimar los predios afectados, la población a
desplazar, los costos de las compensaciones del PR, los terrenos, infraestructura básica y el
equipamiento necesario;

• Con los Proyectos Ejecutivos de las obras, se procederá a efectuar los diagnósticos
técnicos, legales y socioeconómicos de los predios afectados y de la población por
desplazar;

• Con base en estos diagnósticos, se identificarán los impactos, cantidad de unidades
sociales a reasentar y se formulará el PR, con su cronograma coordinado con los de las
obras que generan el reasentamiento;

• Cada sub-proyecto o plan de AP que genere reasentamiento deberá preparar un PR
específico, con base en los lineamientos del presente Marco;

• Los PR deberán ser aprobados de acuerdo a los procedimientos establecidos antes de
iniciarse las obras;

• La ejecución del PR se realizará de tal manera que los predios estén disponibles en el
momento de iniciación de las obras.

9.9.        Ejecución de los Planes de Reasentamiento

La ejecución del PR lo realizará la entidad responsable del sub-proyecto o plan de Alianza
Productiva, o se podrá llevar a cabo mediante convenios de colaboración con otras
instituciones.

Se conformará un grupo de trabajo en el que participarán técnicos de la entidad responsable,
del EST y del Equipo Técnico del Componente de AP según corresponda que se reunirá
periódicamente para evaluar los progresos, identificar problemas y acordar soluciones.

9.10.       Financiamiento de los Planes de Reasentamiento

El costo total del PR será parte del costo total del sub-proyecto o plan de Alianza Productiva
que lo genere. Se incluirán en el presupuesto los valores de los predios que se necesita
adquirir, los honorarios profesionales y las contrataciones de consultorías requeridas, el
financiamiento de las acciones de compensación social y restablecimiento de las condiciones
socioeconómicas previas a la ejecución de la obra, los gastos de administración y
funcionamiento y las restantes actividades que conforman el PR.




Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   101               Marco de Gestión Ambiental y Social
9.11.       Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Reasentamiento

Un representante designado por el ETA o por el Equipo Técnico del Componente de AP
según corresponda será el responsable del seguimiento y ejecución de las siguientes
medidas de monitoreo:

-    Efectuar un seguimiento mensual de la implementación del Plan de Reasentamiento,
     haciendo los ajustes necesarios del plan y del cronograma que permitan mantener los
     objetivos generales.

-    Monitorear la implementación de los programas de apoyo según lo previsto en cada uno
     de ellos.

-    Realizar una auditoría externa del plan de reubicación si lo considera necesario.

-    Evaluar mensualmente durante seis meses la situación en relación con el mejoramiento o
     restitución de las condiciones socio-económicas de la población afectada, establecer un
     plazo de seguimiento hasta que su bienestar se estabilice, y monitorear el
     restablecimiento de los ingresos y reposición de los bienes perdidos.

-    Llevar a cabo evaluaciones anuales de la situación socioeconómica de la población
     afectada por el reasentamiento.

9.12.       Reclamos y Quejas

La Unidad de Ejecución establecerá una oficina de recepción de quejas y reclamos en la cual
se dejará registro de todos los cuestionamientos y consultas formuladas por la población en
relación a la ejecución del PR. El objetivo de esta disposición es que todos los reclamos en
relación a las tasaciones de predios y bienes físicos y sobre la inclusión como beneficiarios
en los programas del Plan sean atendidos y respondidos oportunamente.

A los fines de resolver los conflictos que pudieran generarse en la implementación del PR, y
una vez agotadas las vías administrativas, se promoverá la adopción voluntaria de
procedimientos alternativos de solución de los mismos, en forma previa a la resolución por
vía judicial.

La formulación del PR detallará los mecanismos previstos en la normativa local y/o nacional,
o los que se diseñen a tales efectos, para la resolución de conflictos ante quejas o reclamos.

ANEXO I - LISTA NEGATIVA
La presente lista es una primera aproximación para la identificación de sub-proyectos o
planes de Alianzas Productivas que podrían ser no elegibles para el Proyecto:
    No es elegible el financiamiento de subproyectos y planes de Alianzas Productivas que
    tengan impactos ambientales negativos significativos, sin las medidas de mitigación
    adecuadas para cumplir con las normas ambientales del país y del Banco Mundial.



Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales   102              Marco de Gestión Ambiental y Social
    No son elegibles los subproyectos y planes de Alianzas Productivas que pudieran requerir
    el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos
    incompatibles con el Control del Manejo Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los
    recursos naturales.
    Uso de productos prohibidos por la legislación nacional sobre salud pública, y leyes,
    decretos, resoluciones y disposiciones fito y zoosanitarias (por Ej.: parathión, DDT,
    gamexane y otros insecticidas clorados, anabólicos, etc.) ó que por condiciones
    particulares del emprendimiento o su localización pongan en riesgo o resulten
    perjudiciales para personas, animales y medio ambiente en general.
    Aprovechamiento no sustentable, conversión significativa o degradación de bosques
    naturales, incluyendo la deforestación de áreas boscosas naturales.
    Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales críticos o
    de importancia, con especial consideración de humedales y nacientes divisorias de
    cuencas que sean áreas de recarga hídrica.
    Proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de
    comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad
    importantes para su supervivencia.
    Aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en peligro de extinción o
    vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la Unión Mundial para la
    Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o www.uicn.org.ar) o la lista de aves amenazadas
    de BirdLife (www.birdlife.org).




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