• Establecer vínculos con otras instituciones relacionadas con la temática para articular acciones. • Difundir un sistema de formación permanente de las y los jóvenes como dirigentes de las organizaciones posibilitando un recambio generacional necesario, tanto para las instituciones como para las organizaciones. • Diseñar canales de apoyo a emprendimientos productivos con servicios de asistencia técnica y financiera adecuados a las necesidades de los y las jóvenes. • Establecer y fortalecer cooperativas y emprendimientos autogestivos que promuevan la salida laboral y al mismo tiempo fortalezcan los lazos comunitarios. Mecanismos e instrumentos destinados a jóvenes rurales en los componentes del Programa En el Componente 1: Fortalecimiento de Capacidades, se establecerá un porcentaje de al menos el 20% de los recursos, de acuerdo a las líneas estratégicas definidas, destinado a capacitaciones específicas para jóvenes rurales. En el componente 2: Proyectos productivos, se fijará que al menos el 15% del monto total del componente deberá ser destinado a proyectos para jóvenes rurales. En el Componente 3: Alianzas productivas, • Por lo menos una alianza productiva deberá estar integrada exclusivamente por beneficiarios jóvenes rurales. • Se fomentará la participación de los jóvenes rurales en todas las intervenciones del componente. 8.0 MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS 8.1. El Proyecto y la Política para Pueblos Indígenas La presente sección tiene por objetivo presentar el Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI) del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (“el proyecto”) que responde a los lineamientos establecidos en el Anexo C de la Política Operacional 4.10 sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial. Se presenta a continuación una breve caracterización de los pueblos indígenas en Argentina, la descripción del proyecto y del tipo de subproyectos a financiar con pueblos indígenas, los posibles efectos de dichas actividades y los mecanismos institucionales de consulta, participación y seguimiento previstos. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 57 Marco de Gestión Ambiental y Social Este MPPI considerará las inquietudes e intereses planteados por representantes de los pueblos indígenas en las consultas realizadas durante la etapa de formulación del proyecto. En virtud de las diferencias en la denominación, a los fines del presente documento, se utilizará de manera genérica el vocablo Pueblos Indígenas. Se reserva el vocablo Pueblos Originarios para las denominaciones oficiales adoptadas por la República Argentina. En Argentina y otros Estados Latinoamericanos, los pueblos indígenas suelen denominarse “originarios” para subrayar su preexistencia a los Estados. Sin embargo, en lo jurídico se utiliza el vocablo ‘’indígenas’. La OP 4.10 del Banco Mundial adopta éste último, dado su adopción en la Primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en la que se estableció este término como bandera de dignidad y para uso formal en leyes, tratados y relaciones con el Estado. 8.2. Los Pueblos Indígenas en Argentina 12 La población indígena de la Argentina no está bien determinada en su número poblacional ni en su ubicación geográfica. La falta de criterios homogéneos en las estimaciones, encuestas y censos para la definición de quiénes forman parte de la población indígena, se traduce en cifras contradictorias o marcadamente diferentes según las fuentes consultadas 13. El Instituto Nacional de Indígenas (INAI) presenta la población indígena estimada por provincia, la cual alcanza un total de 858.500 habitantes. Por otra parte, según un Estudio realizado para el PROINDER, la población indígena estimada por grupo étnico alcanza un total de 451.300 personas 14. La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el periodo 2004-2005, presenta una cifra de 600.329 12 La presente caracterización fue realizada en base a los siguientes documentos: Canet, V. Análisis de experiencias de intervención pública y privada con pueblos indígenas. Serie estudios e investigaciones PROINDER N° 24, Buenos Aires, 2010; Cervera Novo, P. Estudio de actualización sobre la cuestión indígena argentina. Serie estudios e investigaciones PROINDER N° 25, Buenos Aires, 2010; y Golluscio, L. Los pueblos indígenas que viven en la Argentina. Informe de actualización del año 2002. Serie Documentos de capacitación PROINDER Nº 5, Buenos Aires, 2008. 13 Las razones de la inconsistencia de los estudios y censos realizados son diversas, siendo la principal la histórica invisibilización de los indígenas por parte del Estado. A esta podemos sumar las dificultades que puede presentar el criterio de auto-reconocimiento combinadas con la falta de un criterio censal unificado para la adscripción étnica voluntaria. 14 Cervera Novo, P. Estudio de actualización sobre la cuestión indígena argentina. Serie estudios e investigaciones PROINDER N° 25, Buenos Aires, 2010. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 58 Marco de Gestión Ambiental y Social personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas 15. A los fines operativos del presente Proyecto, se adopta la definición de la ECPI-INDEC, como universo de referencia de los Pueblos Indígenas. El presente MPPI requiere que se formule un PPI en caso de suponerse involucrada una población indígena en la formulación de un sub-proyecto. Es decir que si hubiera alguna comunidad involucrada en algún sub- proyecto, que no se encuentra identificada en este documento, de todas maneras deberá incluirse como población objetivo. La Tabla 13 presenta la distribución de la población indígena por grupo étnico según la ECPI del INDEC. Tabla 13. Población por Pueblo Indígena. Años 2004 y 2005 Pueblo indígena Población Pueblo indígena Población Mapuche 113.680 Tupí guaraní 16.365 Kolla 70.505 Mocoví 15.837 Diaguita/calchaquí 31.753 Huarpe 14.633 Guaraní 22.059 Mbyá guaraní 8.223 Ava guaraní 21.807 Quechua 6.739 Comechingón 10.863 Tonocoté 4.779 Tehuelche 10.590 Querandí 736 Rankulche 10.149 Ona 696 Charrúa 4.511 Sanavirón 563 Pilagá 4.465 Chulupí 553 Chané 4.376 Tapiete 524 15 Es importante destacar que la población que se reconoce perteneciente a un pueblo indígena está clasificada sobre la base del criterio de auto reconocimiento, independientemente del hecho que la persona censada tenga ascendencia indígena o no. Pero también en el censo se efectúa la pregunta complementaria que indaga acerca de la descendencia que posee de población indígena. El 93,4% de la población que se reconoce perteneciente a un pueblo indígena desciende de ese pueblo indígena en primera generación por parte de padre y/o de madre (INDEC, 2004- 2005). Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 59 Marco de Gestión Ambiental y Social Aymara 4.104 Omaguaca 1.553 Atacama 3.044 Lule 854 Otros pueblos Chorote 2.613 3.864 declarados (*) Pueblo no especificado Pampa 1.585 92.876 (**) Toba 69.452 Sin respuesta 9.371 Wichí 40.036 TOTAL 603.758 Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Referencias: (*) Incluye, entre otros, los casos registrados con las siguientes denominaciones: abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela. No se brindan datos por separado para cada denominación debido a que la escasa cantidad de casos muestrales no permite dar una estimación de cada total con la suficiente precisión. (**) Incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de pertenencia y/o ascendencia en primera generación fue “ignorado” u “otro pueblo indígena”. Figura 4 Ubicación de los pueblos originarios reconocidos por el INAI en Argentina Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 60 Marco de Gestión Ambiental y Social Fuente: RENACI - INAI No hay una precisión sobre cuántos son los indígenas que habitan en Argentina ya que la cifra de los mismos surgen de un dinámico proceso de auto reconocimiento que viven actualmente los Pueblos Indígenas. En muchos lugares del país, hay personas que están recuperando su identidad como miembros de un pueblo indígena, a través de la memoria grupal. Incluso, han resurgido pueblos que se consideraban hasta hace poco "extinguidos" o casi extinguidos, como por ejemplo los Ona, los Huarpes, o los Diaguita, que se están organizando como comunidades. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 61 Marco de Gestión Ambiental y Social Por otro lado, en el caso de la población indígena rural y dispersa, existen un conjunto de factores históricos, sociales, políticos y económicos que dificultan que dicha población se identifique o perciba asimismo como indígena y que utilice alternativamente dicha identidad y/o la campesina de acuerdo a los diferentes contextos donde se encuentre a pesar de que un conjunto de características lingüísticas y culturales podrían permitir su definición como indígena. Según la ECPI entre un 2% y un 28% de personas de distintas etnias no se reconoce como perteneciente a su pueblo aún cuando sus padres se auto reconocen como tales. En Argentina algunos de los pueblos indígenas suelen conservar su lengua originaria en el ámbito familiar y comunitario, si bien la mayoría entiende y habla el español. Se mantienen al interior de las comunidades, por tradición oral, y no todas tienen su referencia escrita. Todos los pueblos auto reconocidos reivindican el derecho a la educación e información en su lengua y la necesidad de resguardarla como parte sustantiva de su patrimonio cultural e identidad. En cuanto a las características educativas, la tasa de analfabetismo para la población indígena de 10 años o más es del 9.1%, tres veces y media mayor que la nacional (2.6%). En el caso de las etnias Mbyá guaraní de Misiones y Wichí de Chaco, Formosa y Salta, las tasas de analfabetismo superan el 20% (29.4% y 23.4% respectivamente). Otro dato a tener en cuenta es que el 78.2% de la población indígena de 15 años y más tienen como máximo nivel de instrucción alcanzado el secundario incompleto, mientras que un tercio (33.1%) no completó la primaria o no tiene instrucción. Si estos indicadores son comparados con los de la población general, se advierten diferencias notables. En efecto el porcentaje de personas en todo el país que tienen como máximo nivel de instrucción alcanzado el secundario incompleto es de 66.8% y el 17.9% no completó la primaria o no tiene instrucción. En este sentido, los pueblos indígenas que se encuentran en una situación más crítica son: Mbyá guaraní de Misiones, Wichí de Chaco, Formosa y Salta, Chorote de Salta, Toba de Chaco , Formosa y Santa Fe y Pilagá de Formosa. En todos los casos, el porcentaje de población de 15 años y más que tiene como máximo nivel de instrucción alcanzado estudios primarios incompletos supera el 60% y la proporción de los que tienen hasta secundario incompleto supera el 90%. La situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del país cuenta con indicadores alarmantes con relación a las tasas de mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades infecto-contagiosas (VIH-SIDA, TBC, Chagas, cólera, etc.), entre otras. La inaccesibilidad a servicios básicos de salud por parte de los pueblos indígenas, se ve agravada por la precariedad de la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades de origen, y la falta o escasez de insumos para la atención básica de la salud. A esto se suma la discriminación y estigmatización (marco ideológico de los agentes de salud) por parte de los equipos médicos hacia la población de referencia. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 62 Marco de Gestión Ambiental y Social La población indígena a ser atendida por el proyecto responde a dos situaciones típicas: a) grupos con integración a las pautas culturales de la población criolla que comparten con ella similares problemas y grado de vulnerabilidad; b) grupos que mantienen pautas culturales diferenciadas que se traducen en una mayor dependencia de los recursos naturales y una escasa o nula adopción de las prácticas productivas comunes al resto de los agricultores familiares. Se pueden distinguir 3 grandes regiones con sus propias características prototípicas: región del Gran Chaco (Formosa, Chaco, parte de Salta y Jujuy, Santiago del Estero, y Santa Fe), región Norandina (parte de Jujuy y Salta, Tucumán y Catamarca) y región Patagónica (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Por otra parte existen las provincias que registran población indígena pero que no conforman una región más allá de cada provincia específica, las cuales conforman un cuarto grupo, siendo Misiones la más importante respecto del tamaño relativo de la población indígena. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) con el objetivo de lograr la inscripción unificada de todas las comunidades del país, ya que existen comunidades registradas a nivel provincial y/o nacional, con distintas modalidades jurídicas de asociación (comunidad, centro vecinal, cooperativa, etc.). Los datos unificados entre el ReNaCI y los registros provinciales indican la existencia de 1.079 comunidades en todo el país (Tabla 14 y Tabla 15). Tabla 14 Comunidades indígenas por provincia Cantidad de Provincias Comunidades Buenos Aires 30 Catamarca 4 Chaco 95 Chubut 43 Córdoba 5 Entre Ríos 2 Formosa 142 Jujuy 217 La Pampa 11 La Rioja 2 Mendoza 15 Misiones 74 Neuquen 55 Río Negro 20 Salta 364 San Juan 3 San Luis 1 Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 63 Marco de Gestión Ambiental y Social Santa Cruz 2 Santa Fe 33 Santiago del 40 Estero Tierra del Fuego 1 Tucumán 19 TOTAL 1178 Fuente: RENACI Tabla 15 Comunidades indígenas por pueblo de pertenencia Cantidad de Pueblo Comunidades Atacama 11 Ava Guaraní 19 Chané 5 Charrúa 2 Chorote 17 Comechingón 5 Diaguita 42 Guaraní 75 Huarpe 16 Kolla 233 Lule 7 Mapuche 105 Mbya Guaraní 75 Mocoví 29 Omaguaca 33 Pilagá 20 Ranquel 11 Tastil 3 Tehuelche 4 Tilián 4 Toba 128 Tonokoté 24 Tupí Guaraní 9 Vilela 3 Wichí 216 Otros 82 TOTAL 1178 Fuente: RENACI Se presenta a continuación una descripción de las actividades productivas de los diferentes pueblos indígenas en las tres grandes regiones mencionadas y otras provincias Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 64 Marco de Gestión Ambiental y Social seleccionadas y un resumen de los principales problemas sociales y económicos que enfrentan las distintas comunidades. Región Gran Chaco En esta Región se asienta el porcentaje más grande y diverso de la población indígena del país, y presenta un ambiente relativamente homogéneo (Tabla 16). Tabla 16. Población indígena región Chaqueña. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Población Ava Guarani Salta y Jujuy 17.592 Chane Salta 2.099 Chorote Salta 2.147 Chulupí Salta y Formosa 440 Guarani Salta y Jujuy 6.758 Mocoví Chaco y Santa Fe 12.145 Pilagá Formosa 3.948 Tapiete Salta 484 Toba Chaco , Formosa y Santa Fe 47.591 Tupí guaraní Salta y Jujuy 6.444 Wichi Salta, Formosa y Chaco 36.149 TOTAL 135.797 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. Las actividades productivas principales de las comunidades en esta región son la pesca, recolección de frutos, mieles y leña, caza de pequeños animales, artesanía, empleo estacional y/o trabajo asalariado, empleo estatal y agricultura doméstica y comunitaria. De todas estas actividades, solo la agricultura comunitaria se desarrolla en el lugar de residencia. En lo que al trabajo estacional respecta, se desarrolla generalmente en las plantaciones agrícolas linderas a la Ruta 14 (en el caso de las comunidades del Chaco Salteño), en las plantaciones de algodón (en el caso de las comunidades del Chaco Formoseño) o en plantaciones hortícolas (en el caso de las comunidades del interior de Jujuy). Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 65 Marco de Gestión Ambiental y Social Los principales problemas sociales y económicos de los pueblos indígenas identificados en esta gran región son los siguientes: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. En los casos de entrega de tierras en forma de tenencia o usufructo, han sido en tierras improductivas e insuficientes - Avance de la frontera agrícola que trae aparejado: reducción de las tierras de usufructo comunal y extracomunal; revalorización de la tierra; renovado interés de agroindustrias y desalojos y desmontes a gran escala. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. - Destrucción y contaminación de recursos naturales dado el avance de la explotación gasífera y petrolífera, la tala de monte, la extracción de madera y el tendido de alambrados. Región Norandina La Tabla 17 muestra la distribución por pueblo y provincias de la población indígena en la Región Andina del Norte. Tabla 17. Población indígena región Norandina. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Población Aimara Jujuy 4.104 Atacama Jujuy 2.805 Diaguita/ Salta, Jujuy, 16.810 calchaquí Tucumán, Catamarca y S. del Estero Kolla Salta y Jujuy 53.106 Maimara Jujuy 178 Omaguaca Jujuy 1.374 Quechua Salta y Jujuy 561 TOTAL 78.938 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 66 Marco de Gestión Ambiental y Social En esta región se identifican tres ambientes muy diversos entre sí, a partir de la amplitud de alturas y regímenes de precipitaciones de la zona: la Puna, la Quebrada de Humahuaca y los Valles de altura. La Puna corresponde a un gran altiplano con producción preponderante de la cría de ganado menor, seguido por la cría de camélidos, producción de papas andinas y hortalizas para el autoconsumo. La economía de los productores se generaliza en la combinación de producción de autosubsistencia con producción de diferentes productos para mercados locales y extralocales. Al mismo tiempo existe una fuerte dependencia en los ingresos extraprediales (cosecha de la zafra en ingenios azucareros, minería, cosecha de algodón, etc.). Existen en último lugar una serie de emprendimientos productivos surgidos en los últimos diez años gracias al financiamiento de distintas agencias estatales que incluyen: tallado de laja, telar rústico, tejidos regionales, gastronomía ancestral, alfarería, talla en madera, cuero crudo y curtido, instrumentos musicales, metales, asta y hueso, entre otros. En la zona de Quebrada se encuentra primordialmente un modelo productivo agropastoril, con mayor incidencia de una u otra actividad de acuerdo a la distancia a la Ruta Nacional N° 9 y a la altura sobre el nivel del mar, en la que se ubica cada área de cultivo. A pesar de haber sido desplazados durante mucho tiempo por la horticultura comercial, los cultivos andinos (papa y maíz) poseen un renovado interés, gracias a las oportunidades comerciales generadas a partir del trabajo llevado adelante por el PSA, CAUQueVa (Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles) y por el Consejo de la Microempresa. Los Valles de Altura presentan diferentes sistemas de acuerdo a la accesibilidad a cada zona. La producción preponderante es la cría de ganado mayor y menor y en la mayoría de las comunidades se producen cultivos andinos (papa, maíz y tubérculos microtérmicos, oca y papa lisa). En algunos valles como los de Iruya (Salta) existe una importante extensión destinada a la horticultura comercial de los cultivos de arveja y haba. La producción de papa andina y tubérculos microtérmicos presenta en estos valles una importante actividad comercial. En los valles más aislados del departamento de Tilcara la producción de tubérculos andinos se destina fundamentalmente al autoconsumo, siendo su única actividad comercial la cría de ganado mayor. Los principales problemas económicos y sociales en esta región son: - Territorios en conflicto por estar titulados a nombre de particulares, en algunos casos deben pagar arriendos para seguir viviendo en sus tierras, o son desalojados sin poder ejercer ningún reconocimiento legal de la posesión comunitaria. - Contaminación ambiental y enfermedades por explotación de minas. - Superposición de títulos y otorgamiento fraudulento de los mismos que permiten: Expropiaciones, desalojos, acciones judiciales a familias; alambrados de campos, Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 67 Marco de Gestión Ambiental y Social parcelas, ríos y caminos por parte de particulares; escasez de agua para riego, mecanismos de distribución de agua por cuota manejados por latifundistas; destrucción de sembradíos familiares; tala indiscriminada de montes (de algarroba); destrucción de sitios sagrados. - Procesos de revalorización de la tierra que generan conflictos y dificultades en la entrega de tierras. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. Región Patagónica La Tabla 18 presenta la distribución de los pueblos indígenas en la Región Patagónica. Tabla 18. Población indígena región Patagónica, según pueblo y provincia. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Población Mapuche Chubut, Neuquén, Río 78.534 Negro, Santa Cruz y La Pampa Tehuelche Chubut y Santa Cruz 4.351 Selk’Nam (Ona) Tierra del Fuego 696 TOTAL 83.581 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. Los pobladores Mapuche y Tehuelche están distribuidos en terrenos de escaso valor para la actividad agropecuaria, en donde las unidades domésticas se han dedicado desde hace décadas a la crianza de animales menores (caprinos y ovinos) en forma extensiva, participando del mercado mediante la venta de pelo de caprino, lana de ovino, cueros y animales en pie. Los “frutos” de los mismos (pelo y lana) son comercializados a partir de su vinculación con intermediarios itinerantes. En la actualidad, con la creciente importancia de la actividad turística, las áreas ocupadas por muchas de las comunidades mapuches de la región, de un alto valor paisajístico, adquirieron un renovado interés inmobiliario. Esto ha impactado diversificando las actividades productivas. Algunas unidades domésticas continúan con la crianza de animales menores en especial caprino y ovino, con trabajos temporarios en forestación y en la esquila en estancias y/o también como trabajadores de la construcción, o permanentes en escuelas, usinas, puestos sanitarios (todas instituciones al interior de las comunidades). Sin embargo, hay que destacar Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 68 Marco de Gestión Ambiental y Social que en los últimos años, en especial a partir de las intervenciones institucionales, han comenzado nuevas prácticas agrícolas como los cultivos en invernadero (horticultura), fruta fina y forestación para la venta de productos en los circuitos turísticos (dulces, fruta, cosecha de hongos silvestres, plantas medicinales) y/o la prestación de servicios como cabalgatas guiadas. También se destacan las artesanías en madera, plata y tejidos (telares). Los principales problemas indígenas en esta Región son: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. En los casos de entrega de tierras en forma de tenencia o usufructo, han sido en tierras improductivas y sin contemplar las dinámicas estacionales de la actividad pastoril (tierras de invernada y veraneada). - Contaminación de aguas y napas subterráneas por empresas petroleras, actividad turística, cría de peces, etc. - Conflictos con diversos actores: Ejército Argentino, Administración de Parques Nacionales, empresas trasnacionales (explotación maderera, minera, turística, represas hidroeléctricas). - Construcción de obras de infraestructura para turismo en los territorios demandados - Conflictos en torno al acceso a los ríos y lagos. - Desalojos, relocalizaciones y otorgamiento de tierras a particulares sin respetar la posesión ancestral de la tierra. - Consecuencias de la exploración de minas de oro y plata, que distintas empresas están llevando a cabo y a quienes los gobiernos provinciales autorizan a desarrollar tareas contraviniendo las disposiciones legales. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. - Producción agrícola escasa y poco diversificada Provincia de Misiones La parcialidad, Mbyá -Guaraní, habita actualmente el territorio de la provincia de Misiones, en lo que se denomina la “región Guaranítica”. Según la Dirección de Asuntos Guaraníes de dicha provincia, habitan alrededor de1200 familias agrupadas en 76 comunidades rurales o peri-urbanas, constituyendo una población total aproximada de 5.000 personas. Las viviendas y el acceso a la salud son precarios y en la mayoría de los casos no cuentan con infraestructura básica (agua potable, luz, etc). En cuanto a la educación, en la provincia, se registran 19 escuelas y anexos con modalidad en educación intercultural y bilingüe (EIB). Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 69 Marco de Gestión Ambiental y Social En los Departamentos de San Ignacio, Cainguás y Libertador General San Martín se concentra el 30% de la población. De ésta, el 45% se encuentra por debajo de los criterios que define el índice de NBI. Especialmente se distribuye en pequeños núcleos comunitarios conformados a partir de un mínimo de 6 familias y un máximo de 40 familias. El ciclo anual que garantiza la vida de los Mbyá se complementa, según el contexto de hábitat, entre una rudimentaria agricultura, caza y pesca, producción y venta de artesanías, ayuda social y prestaciones de servicio. En lo que respecta a la producción agrícola, las plantaciones son de poca envergadura 16; cada familia extensa posee apenas 1/4 a 1/2 hectárea de terreno cultivado, por lo tanto no se puede considerar que cuenten con una agricultura de subsistencia, ya que ésta no satisface las necesidades alimentarias de la unidad doméstica, constituye sólo un complemento de otras actividades como la caza, la pesca, la producción y comercialización de artesanías, el trabajo transitorio en cosechas, servicios vinculados al turismo, etc. Actualmente, las principales fuentes de ingresos provienen de la venta de artesanías y la prestación de servicios. Sobre esta última, se da tanto de manera individual (como peón rural) y/o contratando la totalidad del grupo familiar. La contratación de mano de obra indígena se realiza por tareas cumplidas (trabajo a destajo). El ciclo anual de subsistencia se completa con Programas alimentarios provinciales y nacionales, comedores escolares y planes de empleo transitorio con contraprestación. Otra de las actividades en las que intervienen algunas comunidades es el turismo, principalmente aquellas comunidades asentadas en Reservas ecológicas y de turismo. También en la provincia hay 7 comunidades que explotan los recursos forestales con permiso de las autoridades. Las principales problemáticas de los pueblos indígenas en esta provincia son: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. - Conflictos con diversos actores: Administración de Parques Nacionales, empresas madereras, emprendimientos turísticos. - Tala indiscriminada de selva. - Expropiaciones, desalojos, relocalizaciones, acciones judiciales. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. 16 Compuesta por cultivos de maíz, mandioca, batata, zapallo Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 70 Marco de Gestión Ambiental y Social Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis La Tabla 19 presenta la población indígena en estas provincias. Tabla 19. Población indígena en Mendoza, San Juan y San Luis Pueblo indígena Población Huarpe 14.633 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. La actividad de subsistencia principal de los puesteros es la crianza de cabras. En las épocas de lluvia (verano) cultivan verduras, hortalizas y frutas. Se destaca la dificultad para la comercialización de las producciones. Algunas de las problemáticas infraestructurales que no permiten la comercialización son: exigencias de las agencias de orden administrativo difíciles de cumplimentar por parte de los productores, escasez y contaminación (arsénico) del agua, falta de infraestructura vial y de transporte, entre otras. Las principales problemáticas de los pueblos indígenas identificadas en estas provincias son: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. Títulos superpuestos. - Conflictos con diversos actores económicos: Empresas Mineras, etc. - Falta de infraestructura básica (vivienda, caminos, salud, etc.) y agua (riego y consumo) - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. Más allá de las diferencias que presentan las distintas regiones aquí tratadas, entre el conjunto de reivindicaciones más sostenidas por las distintas organizaciones de pueblos indígenas y comunidades en el país, las siguientes son algunas de las demandas comunes que surgen como prioritarias: - La mejora en las condiciones y posibilidades de medios de subsistencia - Acceso real a las tierras y territorios - Los sistemas de energías alternativas - El acceso a los caminos e infraestructura Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 71 Marco de Gestión Ambiental y Social - Recuperación y uso sustentable de suelo, agua, monte, fauna - La mejora en el acceso a vías formales y no formales de educación - Espacios de participación comunitaria e intercomunitaria - Condiciones de acceso a los recursos de salud - Acceso a medios de producción e infraestructura comunitaria - Acceso recursos básicos como el agua - Acceso a la cadena y red de comercialización de productos destinados al mercado - Instrucción con relación a los derechos que es posible ejercer con relación a las demandas. 8.3. Marco Jurídico e Institucional Nacional para Poblaciones Indígenas En la República Argentina existe un cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución Nacional como a través de Leyes Nacionales, Provinciales y Convenios Internacionales suscriptos por el Gobierno. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, que incorpora los derechos de los pueblos indígenas, constituyó un significativo avance en la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Argentina. A partir del reconocimiento constitucional se ha configurado para los pueblos indígenas una situación de derecho específico y particular que consagra nuevos derechos de contenido esencial que, como mínimo, deben darse por aplicable siempre. Aún a falta de un desarrollo legislativo conlleva la obligación de readecuar el marco del Estado y sus instituciones en función del reconocimiento de su pluralidad étnica y cultural. En el año 2000 la Argentina ratifica el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 6 manifiesta el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en las cuestiones que los atañen directamente, y establece que las consultas deben hacerse mediante procedimientos apropiados, en particular, a través de sus instituciones representativas. Las principales disposiciones legales a nivel nacional sobre derechos de pueblos indígenas son las que siguen: Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la Ley Nº 23.302 Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 72 Marco de Gestión Ambiental y Social Ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. Ley Nº 24.375 Convenio de diversidad Biológica Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que establece los requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Resolución INAI Nº 152/2004 y su modificatoria Nº 301/2004 que establece la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI) El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI) es la institución del Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17). El Instituto fue creado a partir de la sanción de la Ley 23.302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada con participación indígena y reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989. Sus principales funciones son: Disponer la inscripción de las comunidades indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites. Arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional de “.. reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan...” y regular, además, la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (Art. 75, Inc. 17, de la Constitución Nacional). Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario. Coordinar programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades. Promover espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y comercialización de artesanías genuinas. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 73 Marco de Gestión Ambiental y Social La Ley Nacional Nº 23.302, sobre “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes” establece en su artículo 5º que en el INAI se constituirá el Consejo de Coordinación integrado por representantes de los Ministerios Nacionales, representantes de cada una de las Provincias que adhieran a la ley y los representantes elegidos por las Comunidades Indígenas cuyo número, requisitos y procedimientos electivos está determinado por la Resolución INAI Nº 152/2004. Con el objetivo de hacer efectiva la representación indígena en el Consejo de Coordinación, el INAI ha dictado la Resolución Nº 152/2004 y su Modificatoria Nº 301/04 impulsando la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI), cuyas funciones son: Asegurar la posterior participación indígena en el mencionado Consejo de Coordinación y determinar los mecanismos de designación de los representantes ante el mismo y, Las funciones señaladas en el artículo 7º del Decreto Nº 155/89, reglamentario de la ley Nº 23.302, de la adjudicación de las tierras. La elección de los representantes se efectúa a través de la convocatoria de asambleas comunitarias, las cuales, a través de los métodos tradicionales de cada comunidad, eligen 1 representante titular y uno suplente por pueblo y por provincia. Las funciones de los representantes titulares del Consejo de Participación Indígena son: 1. Acompañar a las Comunidades Indígenas de los Pueblos que representan en la formulación de proyectos participativos de desarrollo comunitario. 2. Fortalecer a las Comunidades Indígenas en la organización e inscripción de su Personería Jurídica. 3. Promover la Participación de las Comunidades Indígenas en el Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas" (ejecución Ley Nº 26.160, Decreto 1.122) y en el proceso de regularización dominial del territorio que tradicionalmente ocupan. 4. Formular propuestas de Política Indígena ante los Delegados Indígenas del Consejo de Coordinación para su evaluación e impulso en dicho Consejo. 5. Articular las líneas de trabajo con su representante regional en el Consejo de Coordinación aportando, de esta manera, la información de su pueblo y provincia al indicado Consejo. Durante 2008/2009 se renovaron los mandatos de este Consejo, a través de 41 asambleas comunitarias realizadas en 17 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 74 Marco de Gestión Ambiental y Social Durante el año 2008 se conformó el Consejo de Coordinación (CC) y se creó el Consejo Asesor, órgano consultor de este Instituto. El Consejo de Coordinación está presidido por el Presidente del INAI e integrado por treinta representantes indígenas (1 representante por pueblo y por región) pertenecientes a 25 pueblos presentes en las regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur de nuestro país, catorce representantes de los Estados Provinciales adheridos a la Ley 23.302, y seis representantes del Estado Nacional (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Figura 5 Composición del Consejo de Coordinación del INAI Según las funciones establecidas en el Art. 15 del decreto reglamentario 155/89 de la ley 23.302, se constituyó el Consejo Asesor, que actúa como consultor del Presidente y puede solicitar opiniones a Universidades y crear o patrocinar grupos temporarios de investigación y estudios sobre aquellos temas en que hubiese sido consultado. El Consejo Asesor está compuesto por: - Un representante Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. - Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 75 Marco de Gestión Ambiental y Social - Un representante del Ministerio de Economía y Producción - Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. - Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. - Un representante de la Secretaría de Seguridad - Dirección A. T. DE Fronteras - Comisión Nacional de Zonas de Seguridad Ex. Comisión Nacional de Área de Frontera. En marzo de 2009 se conformó un espacio de articulación de comunidades de pueblos indígenas denominado Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios (ENOTPO), conformado originariamente por 28 organizaciones territoriales que nuclean a más de 800 comunidades de todo el país. Actualmente conforman al Encuentro 36 organizaciones que se presentan en la Tabla 20. Tabla 20 Organizaciones integrantes del ENOTPO COMISIÓN NORMALIZADORA PARLAMENTO MAPUCHE RIO NEGRO CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA (Salta y Valle de Choromoros, Tucumán) CONSEJO DE LA NACIÓN TONOCOTÉ “LLUTQUI” (Santiago del Estero) FEDERACIÓN PILAGÁ. (Formosa) OCASTAFE (Santa Fe) ONPIA MOVIMIENTO DE LA NACION GUARANI “KEREIMBA IYAMBAE” (Jujuy) MESA DE ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALTE. BROWN (Buenos Aires) ORGANIZACIÓN MALALWECHE DE MENDOZA ORGANIZACIÓN RANQUEL MAPUCHE DE LA PAMPA AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DTO. SAN MARTÍN (Salta) ASAMBLEA DEL PUEBLO YOWIS DE LA RUTA 86 (Salta) CONSEJO DE CACIQUES WICHI DE LA RUTA 86 (Salta) CONSEJO DEL PUEBLO MOQOIT (Chaco) ORGANIZACIÓN INDÍGENA NAPALPÍ (Chaco) ORGANIZACIÓN MAPUCHE- TEHUELCHE. NOR FELEAL. CORDILLERA, MESETA Y ZONA SUR (Chubut) ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DEL PUEBLO GUARANÍ (Misiones) CONSEJO DEL PUEBLO TASTIL. Quebrada del Toro (Salta) INTERWICHI (Formosa) COMUNIDADES DEL PUEBLO COMECHINGÓN (Córdoba) CONSEJO DEL PUEBLO OCLOYA (Jujuy) COMUNIDADES KOLLAS DEL DTO YAVI (Jujuy) TINKUNAKU (Salta) COORDINADORA del PARLAMENTO MAPUCHE / TEHUELCHE de SANTA CRUZ. CONSEJO DE LA NACION CHARRUA (Entre Ríos) RED DE COMUNIDADES DEL PUEBLO ATACAMA (Jujuy) CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE SUSQUES – PUEBLO ATACAMA (Salta) CONSEJO INDIO PUEBLO NACIÓN CHARRÚA (Entre Ríos) COMUNIDAD HUARPE GUAYTAMARI (Mendoza) COMUNIDAD HUARPE LAGUNA DEL ROSARIO (Lavalle, Mendoza) CASA DE LA CULTURA AWAWA. IRUYA (Salta) PUEBLO LULE-COMUNIDAD LAS COSTAS (Salta) ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL ARGENTINA (Chaco) CONSEJO de COMUNIDADES Dpto. COCHINOCA (Jujuy) Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 76 Marco de Gestión Ambiental y Social COAJ (Jujuy) Esta organización de tercer grado tiene anualmente reuniones plenarias de sus miembros y reuniones mensuales de un Comité de Seguimiento conformado por 2 representantes de cada organización. En oportunidad de su primera reunión en marzo de 2009 en la localidad de Almirante Brown elaboraron un documento denominado “Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el estado Argentino: una política de interculturalidad para la construcción de un estado plurinacional” que le entregaron a la Presidenta de la Nación en una reunión que mantuvieron sus miembros en mayo de 2010. Dicho documento expresa, entre otros conceptos, las siguientes reivindicaciones: - Reglamentación de la Ley Nº 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país; - Establecimiento de una Reparación Histórica hacia los Pueblos Indígenas; - Articulación de una efectiva participación de los Pueblos Originarios en las definiciones que los competen; - Sancionar por ley el Consentimiento Libre Previo e Informado; - Reconocimiento de sus organizaciones con sus propias autoridades; - Reconocer los territorios indígenas tradicionales como espacios culturales y con soberanía sobre el subsuelo, suelo y espacio aéreo; - Ejecución de un programa de “Planes del Buen Vivir” para las organizaciones de los Pueblos Originarios; - Reconocimiento y Fortalecimiento de la Educación Indígena Autónoma de los Pueblos Originarios; - Creación de una Universidad Autónoma Indígena con planes de formación de conocimientos ancestrales, culturas, historias, costumbres, espiritualidad; - Propiciar la participación indígena en el poder ejecutivo, legislativo y judicial a través de una ley de cupo. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 77 Marco de Gestión Ambiental y Social 8.4. Actividades con pueblos indígenas La estrategia del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales respecto a los pueblos indígenas se apoya en los siguientes ejes centrales: a) El auto desarrollo entendido como el derecho y capacidad de los pueblos indígenas de decidir de manera autónoma sobre los contenidos de los subproyectos que se llevarán a cabo en sus comunidades y tierras en el marco de los objetivos del proyecto. b) El trabajo con las comunidades debe plantearse necesariamente a partir de sus autoridades y sus organizaciones tradicionales a fin de fortalecer la estructura que articula y sostiene su sistema de vida; c) El diseño de las herramientas y los procedimientos del proyecto referidos a pueblos indígenas se elaborará a partir de la participación real y activa de estos pueblos y teniendo en cuenta los aportes de las consultas con las comunidades; d) En cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, se pondrá a disposición de las comunidades indígenas afectadas, toda la información pertinente sobre el proyecto (incluida una evaluación de los posibles efectos negativos del proyecto en las comunidades indígenas afectadas) de una manera apropiada desde el punto de vista cultural; e) Se garantizará el respeto de su cosmovisión y el reconocimiento de los conocimientos nativos y de sus prácticas productivas tradicionales. Una de las razones que justifican una estrategia específica para los pueblos indígenas, a diferencia de otros grupos de población rural, es que son pueblos que poseen una identidad propia, y en muchos casos objetivos de desarrollo y conceptos de bienestar diferentes a los de la sociedad circundante. En muchos casos los pueblos indígenas de Argentina tienen visiones diferentes en cuanto a su desarrollo económico. Algunos prefieren conservar los modos de vida tradicionales, otros están dispuestos a incorporar tecnología y formas de trabajo de la sociedad general bajo su control, adaptadas a su cosmovisión y conservando su identidad propia. Los sub-proyectos con comunidades indígenas que se financien serán construidos en base a las consultas realizadas, en conjunto con las problemáticas identificadas en cada región por el respectivo EST. No obstante se puede prever que se formularán los siguientes tipos de sub-proyectos con pueblos indígenas: Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 78 Marco de Gestión Ambiental y Social a) Componente 1 – Fortalecimiento de capacidades. Una de las estrategias centrales para la implementación del Proyecto de Inclusión Socio- Económico en Áreas Rurales es la participación y el protagonismo de la población indígena y para ello resulta prioritario la consolidación y el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en cada provincia. El Proyecto se propone desarrollar competencias, en dirigentes e integrantes de las organizaciones indígenas, que contribuyan a la gestión autónoma de proyectos. Los grupos indígenas serán sujetos de capacitación en temas destinados a fortalecer su capacidad organizacional y productiva, específicamente, los grupos recibirán entrenamiento en desarrollo y gestión organizacional, elaboración de proyectos y emprendimientos productivos. Se apoyará el fortalecimiento de las comunidades indígenas a través de la promoción de actividades estrechamente vinculadas a su saber y cultura tradicionales, incluidas las artesanías y la planificación estratégica turística étnica y cultural. Tipo de actividades a ejecutar: Apoyo técnico y financiero para la regularización dominial orientada a la ejecución de proyectos socio-productivos; Desarrollo y actualización de estudios que contribuyan a fortalecer las políticas en materia de desarrollo productivo para las poblaciones indígenas (estudios de mercado, cadenas productivas, alternativas productivas y comerciales, tecnologías apropiadas, etc.). Realizar estudios de carácter etnográfico que permitan caracterizar el modo de inserción de las economías domésticas de los pueblos indígenas en las estructuras agrarias regionales, reconociendo la capacidad productiva de los sujetos indígenas. Preparación/adecuación de instrumentos (estrategias, marcos) de desarrollo rural provincial orientados a pueblos indígenas de acuerdo a sus identidades culturales; Apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento de la capacidad de organización de comunidades indígenas orientado a la formulación e implementación de los subproyectos. Actividades de capacitación (cursos, talleres de capacitación, entrenamiento) en formulación, administración y autogestión de proyectos, en diagnósticos y planificación participativos. Talleres de intercambio de saberes relativos al desarrollo sustentable, la conservación de la biodiversidad, y la formulación de proyectos de conservación de los recursos naturales (por ejemplo: forestación de especies autóctonas) Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 79 Marco de Gestión Ambiental y Social Capacitación en mantenimiento y uso adecuado de infraestructura productiva (p.ej. molinos, mantenimiento de pozos, reservorios, represas comunitarias). Capacitación en manejo de suelo, coberturas y abonos verdes, implantación de cultivos recuperadores del suelo, rotaciones con leguminosas y pasturas, implantación de cultivos asociados, manejo de rastrojos, uso de herramientas apropiadas, entre otras temáticas; y en tecnologías para la ganadería: manejo de pasturas, recuperación del campo natural y manejo silvopastoril entre otras prácticas. Apoyo para desarrollar investigaciones aplicadas en actividades productivas alternativas tales como: alimentos libres de agroquímicos, farmacopea, productos forestales no madereros, etc. b) Componente 2 - Fondo de Desarrollo Rural. Sub-Proyectos Productivos Comunitarios: Los subproyectos que se ejecuten en el marco de este componente apuntarán a: * fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la inserción de sus productos o servicios en los mercados respectivos; * mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas promoviendo el conocimiento cultural tradicional y prácticas de uso sustentable de los recursos naturales; * favorecer las inversiones en desarrollo socioeconómico que resuelvan las actuales limitaciones y atenúen la presión humana sobre los recursos naturales; * facultar a las comunidades indígenas locales a participar en el manejo de los recursos de los cuales depende su subsistencia. El Proyecto focalizará su apoyo en subproyectos que fortalezcan los sistemas productivos de las comunidades indígenas promoviendo su incorporación a las cadenas de valor y la articulación con distintos mercados. Se presentan a continuación un listado tentativo de subproyectos que se podrían desarrollar bajo este componente: Subproyectos productivos para mejorar y potencializar la administración de los recursos naturales: artesanías, pesca y marisca, recolección de mieles silvestres, recolección de frutos, manejo del monte natural. Subproyectos para incorporar nuevas actividades tales como: huertas y chacras comunitarias, turismo rural y cultural, animales domésticos de producción, apicultura y fruticultura. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 80 Marco de Gestión Ambiental y Social Subproyectos orientados a la recuperación y manejo adecuado del monte nativo aprovechando el conocimiento del monte que tienen los pueblos indígenas. Subproyectos que rescaten y promocionen el conocimiento etnobotánico y ambiental de las comunidades indígenas (p.ej. de farmacopea nativa). Subproyectos de manejo de agua y diversificación agropecuaria. Subproyectos de instalación de parcelas demostrativas de experiencias agroecológicas adecuadas a cada zona. Subproyectos de silvicultura y agrosilvicultura. Subproyectos de manejo de pasturas y ganado Subproyectos de ecoturismo y etnoturismo Adicionalmente, los subproyectos comunitarios podrán incluir inversiones sociales destinadas a mejorar las condiciones del hábitat de uno o más miembros de una comunidad indígena beneficiaria de un subproyecto productivo, pudiendo estar dirigidos a solucionar problemas o carencias de provisión de agua tanto para la vivienda como para otros fines domésticos y productivos; provisión e instalación de energías alternativas (paneles solares, biodigestores, bosquecillos energéticos, etc.); materiales para la construcción, ampliación y mejoramiento de las viviendas (instalación de sistemas de manejo de efluentes, etc.); equipamiento para uso doméstico, entre otros aspectos. c) Componente 3 – Alianzas Productivas Este componente co-financiará la identificación e implementación de alianzas productivas acordadas entre grupos de productores familiares rurales de capitalización intermedia y compradores calificados. No obstante se desconocen hasta el momento las áreas geográficas donde se ejecutará, sus actividades podrían involucrar a comunidades indígenas en el caso que en las áreas geográficas seleccionadas en la etapa de promoción y difusión del Componente se identifiquen productores indígenas con los criterios de elegibilidad requeridos (un cierto grado de capitalización, experiencia en un rubro productivo o capacidad y voluntad de incurrir en uno nuevo y base de recursos –tierra y agua- suficiente para alcanzar las metas propuestas). En caso que comunidades indígenas participen de la AP, los planes que se establezcan buscarán fortalecer sus sistemas productivos promoviendo su incorporación a las cadenas de valor y la articulación con los mercados. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 81 Marco de Gestión Ambiental y Social De acuerdo a los intereses y experiencia de las comunidades indígenas que sean elegibles los planes de AP que se establezcan podrían ser de carácter agropecuario, forestal, pesquero, turístico, artesanal, de servicios para la producción y el comercio, entre otras alternativas productivas. La participación de comunidades indígenas en este Componente requerirá que en la etapa de identificación de las AP y en la formulación de los planes respectivos se consideren las particularidades y necesidades de estas comunidades en términos de prácticas productivas, características culturales. Se considera que los mecanismos de evaluación y consulta previstos en este Marco para las actividades del Proyecto que involucren a comunidades indígenas asegura una minimización de estos riesgos identificados. 8.5. Efectos del Proyecto sobre Pueblos Indígenas Dada la naturaleza, objetivos y enfoques del proyecto se entiende que sus actividades no presentan aspectos controversiales y no se espera que se presenten impactos negativos sobre los pueblos indígenas. Se considera que globalmente el proyecto tendrá un impacto positivo ya que: Dado que en la formulación, ejecución y seguimiento de los subproyectos participarán las organizaciones indígenas, el Proyecto en su totalidad constituirá una experiencia de capacitación en la gestión social de proyectos, generando condiciones apropiadas para el surgimiento y sostenimiento de procesos autogestionarios en las comunidades involucradas. Contribuirá a incrementar los ingresos de las comunidades involucradas mediante el financiamiento de actividades que de otra manera no estarían disponibles. Al disponer de una producción que asegure la satisfacción de las necesidades alimentarias, las unidades productivas aumentarán su capacidad de regular el acceso al mercado: podrán plantearse formas de comercialización conjunta, estarán en condiciones de postergar el momento de la venta atendiendo al movimiento de los precios de sus productos, entre otras acciones que les permitan aumentar sus ingresos. Promoverá beneficios ecológicos indirectos alentando el uso sostenible de los recursos naturales y el manejo de los bosques. Los procesos participativos impulsados por el proyecto generan un beneficio social adicional al desarrollar instrumentos de negociación que contribuyen a reducir los conflictos sociales. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 82 Marco de Gestión Ambiental y Social El proyecto generará una mejora en la capacidad de las organizaciones indígenas en la formulación, gestión y seguimiento de estrategias y subproyectos productivos sostenibles. Dado que los pueblos indígenas beneficiarios del proyecto normalmente no tienen la posibilidad de realizar pruebas pilotos como las mencionadas, se considera que estas actividades tendrán un impacto social positivo ya que les permitirán apropiarse de conocimientos que actualmente no están a su alcance y que pueden optimizar los beneficios de sus prácticas productivas. El aumento de la capacidad económica de las comunidades y la apropiación de tecnologías que permitan su desarrollo promueve el aumento de la autoestima de los individuos y de las comunidades fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad propia. En caso que se establezcan Alianzas Productivas que involucren a comunidades indígenas se espera como resultado de la ejecución de las mismas lograr una producción mejorada de sus producciones para responder a los requerimientos del mercado, y la apropiación por parte de las comunidades de conocimientos y experiencias novedosas en el ámbito de la planificación y organización para la producción y comercialización de sus productos. Se entiende que los mecanismos de ejecución del proyecto, asegurarán que las comunidades decidan su vinculación al mismo y participen en la definición de las actividades que los involucren, minimizando la posibilidad que surjan quejas o reclamos por parte de las mismas. Sin embargo, a efectos de prevenir los conflictos y de resolverlos de manera adecuada en caso de que éstos se presenten se adoptarán las siguientes medidas: - Se promoverá la participación de las comunidades indígenas en la elaboración del Manual Operativo del proyecto. - Se trabajará con metodologías participativas que contemplen las realidades bilingües o multilingües (elaboración colectiva de materiales bi o multilingües, incorporación de agentes bilingües en los equipos técnicos, etc.). 8.6. Resolución de quejas y reclamos La Unidad de Ejecución establecerá y divulgará procedimientos para atender y canalizar las quejas y conflictos que se reciban y registren, procurando que estas se diluciden en el ámbito local con la participación de las autoridades y las comunidades indígenas, mediante negociaciones que logren consenso. De no lograrse acuerdos en el ámbito local los reclamos serán elevados para su tratamiento en el Comité de Evaluación Provincial correspondiente. De no lograrse acuerdos en este Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 83 Marco de Gestión Ambiental y Social ámbito se recurrirá a los procedimientos que contemple la legislación local vigente, como por ejemplo a través del Defensor del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo es una institución de la Nación consagrada en la Constitución Nacional en el Art. 86. Su incorporación a la misma se produjo en el año 1994 con la reforma de ésta. Sin embargo, la Ley 24.284 (modificada por Ley 24.379) anteriormente había creado su figura y especificado sus funciones. En la Carta Magna se establece en forma clara que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, pero con plena autonomía funcional. Se destaca como su misión principal: “(…) la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”. También se establece que goza de legitimación procesal. En relación a esto, el Art.43 de la Constitución enumera quiénes tienen legitimación procesal para interponer la acción de amparo contra hechos u omisiones que afecten los intereses difusos, y dentro de éstos se menciona al Defensor del Pueblo. En la Ley 24.284 se detalla en forma más precisa el alcance de su actuación. Así puede enumerarse: • puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos. • debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la Administración Pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter. En la misma ley, se establece que puede dirigirse al Defensor del Pueblo cualquier persona, sea física o jurídica, que se considere afectada en los términos descriptos anteriormente. El procedimiento para dirigirse ante él es por queja, que debe presentarse en forma escrita y firmada por el interesado, teniendo un plazo máximo de presentación de un año desde que el hecho u omisión motivó la misma. Si la queja es admitida la investigación se realiza por vía sumaria. Del contenido de la investigación se debe dar traslado al organismo o entidad pertinente, que en un plazo de 30 días (con la posibilidad de ampliarse a consideración del Defensor del Pueblo) debe remitir informe escrito justificando su actuación, el cual quedará a criterio del Defensor. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 84 Marco de Gestión Ambiental y Social En lo que respecta a las resoluciones que puede adoptar producto de su investigación es preciso indicar que son de alcance limitadas. Tiene la facultad de advertir, recomendar y proponer, pero en ningún caso tiene la potestad de obligar a hacer o no hacer algo. 8.7. Plan para la Evaluación Social Se realizará una Evaluación Social de los sub-proyectos que, no siendo formulados por comunidades indígenas o cuyos beneficiarios no sean en su mayoría pueblos indígenas, involucren áreas con presencia de pueblos indígenas para determinar sus posibles efectos (positivos o negativos) sobre estas comunidades, y para examinar alternativas al proyecto cuando los efectos negativos no puedan ser mitigados. La formulación de la Evaluación Social es responsabilidad del Equipo Técnico de Apoyo (ETA) correspondiente, quien podrá realizarla en forma directa, o a través de la contratación externa o de convenios con instituciones públicas o universidades con experiencia en la materia, solicitando al Banco su aceptación. Dicha evaluación se formulará conforme a lo establecido en el Anexo A de la OP 4.10, y su amplitud y profundidad estará acorde a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos sobre los pueblos indígenas. La evaluación social puede incluir los siguientes elementos: - Un examen del marco jurídico e institucional aplicable. - La recopilación de información inicial sobre características demográficas, sociales, culturales y políticas de las comunidades involucradas, y sobre la tierra y los territorios que poseen, usan u ocupan, y los recursos naturales de los que dependen. - La identificación de las principales partes interesadas, así como la elaboración de un proceso apropiado, desde el punto de vista cultural, de consulta con los Pueblos Indígenas en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto. - Una evaluación, basada en consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, de los posibles efectos negativos y positivos del proyecto. Para determinar los posibles efectos negativos es de capital importancia el análisis de la vulnerabilidad relativa de las comunidades indígenas afectadas y de los riesgos a los que pueden exponerse, dadas sus especiales circunstancias y los estrechos lazos que mantienen con la tierra y los recursos naturales, así como su falta de acceso a las oportunidades en comparación con otros grupos sociales de las comunidades, regiones o sociedades nacionales en las que habitan. - La identificación y evaluación, sobre la base de consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, de las medidas necesarias para evitar efectos adversos —o, si las medidas no son factibles, la identificación de las medidas necesarias para reducir lo más posible, mitigar o compensar dichos Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 85 Marco de Gestión Ambiental y Social efectos—, y para asegurar que los Pueblos Indígenas obtengan del proyecto beneficios adecuados desde el punto de vista cultural. 8.8. Lineamientos generales para la preparación de los Planes de Pueblos Indígenas (PPI) En el caso que la evaluación social determine efectos positivos o negativos de un subproyecto o un plan de Alianza Productiva en particular sobre pueblos indígenas, se elaborará un Plan de Pueblos Indígenas (PPI) para asegurar que a) los pueblos indígenas afectados por el proyecto reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y b) si se identifican posibles efectos adversos sobre los pueblos indígenas, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen. Los subproyectos particulares propuestos por pueblos indígenas o cuyos beneficiarios sean sólo o en su mayoría pueblos indígenas no requerirán un Plan de Pueblos Indígenas independiente, debiéndose integrar en su diseño los elementos propios de un PPI. La formulación de los PPI es responsabilidad del Equipo Técnico de Apoyo (ETA) correspondiente quien podrá formular e implementar el PPI, bien sea en forma directa, o a través de la contratación externa o de convenios con instituciones públicas y universidades con experiencia en la materia. El PPI debe ser evaluado y aprobado de acuerdo a los mismos procedimientos indicados para los IIA. El grado de detalle del PPI dependerá de la naturaleza de los efectos que hayan de abordarse y se formulará de acuerdo a los lineamientos generales que se describen a continuación: En la preparación de los PPI se tendrá en cuenta en las etapas de implementación, seguimiento y evaluación las estrategias de difusión y comunicación específicas y adecuadas para los pueblos indígenas desde el punto de vista cultural que garanticen el pleno conocimiento de las actividades del proyecto y su apoyo para la realización del mismo. Al respecto se preverá: (i) elaboración de material en lengua originaria, (ii) capacitación de agentes para la comunicación y consulta con comunidades; (iii) campañas de difusión y divulgación; (iv) mecanismos de consulta y reclamos tanto a nivel nacional como provincial. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 86 Marco de Gestión Ambiental y Social La sistematización de las actividades desarrolladas en el PPI estarán debidamente documentadas y servirán de insumo para el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo de los planes. El PPI contendrá como mínimo la siguiente información: • Resumen de la Evaluación Social: información sobre las características demográficas, sociales y culturales de la población objetivo, así como los efectos que la actividad a ejecutar podrá tener sobre las comunidades indígenas involucradas. • Información previa y consulta a las comunidades: se realizarán reuniones de consulta dentro del marco jurídico e institucional que corresponda donde se presentarán los principales aspectos del proyectos, objetivos centrales, sus acciones y alcances, efectos positivos y negativos, con especial énfasis en las adaptaciones culturales para las comunidades del plan de acción propuesto. • Plan de Acción: Se elaborará un Plan de Acción detallado y específico de acuerdo a los programas y actividades del sub-proyecto que involucren a comunidades indígenas. Dicho Plan de Acción deberá establecer las medidas necesarias para asegurar que los Pueblos Indígenas obtengan beneficios sociales y económicos adecuados desde el punto de vista cultural, que incluya, en caso necesario, medidas para fortalecer la capacidad de los organismos de ejecución del proyecto. Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los Pueblos Indígenas, incluirá las medidas necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o compensar tales efectos adversos. Asimismo establecerá las responsabilidades primarias respecto a las acciones involucradas, y los sistemas de seguimiento y evaluación e informes a elaborar. Los mecanismos de seguimiento y evaluación deben incluir disposiciones que posibiliten las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas. • Se contratarán consultores especializados que asesorarán en el diseño de los PPI y promoverán la relación y comunicación con las comunidades involucradas. • Las estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPI. • Procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver quejas de las comunidades involucradas durante la ejecución del subproyecto en consideración , teniendo en cuenta la existencia de mecanismos judiciales y de derecho consuetudinario para la resolución de disputas entre los Pueblos Indígenas. 8.9. Mecanismos de participación y arreglos institucionales El Comité de Evaluación Provincial (CEP) tiene como función primaria asegurar la descentralización de la ejecución y la toma de decisiones del proyecto, siendo el responsable de analizar y aprobar los subproyectos propuestos. Estos subproyectos tendrán la Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 87 Marco de Gestión Ambiental y Social evaluación correspondiente que se establece en el presenta Marco de Gestión Ambiental y Social. El Comité de Evaluación Provincial de cada provincia estará integrado por: 1) El Coordinador Provincial del proyecto. 2) Un Representante de la sociedad civil organizada (organizaciones de los agricultores familiares, comunidades indígenas y organizaciones de trabajadores transitorios rurales). 3) Un representante del Estado Provincial correspondiente. Los sub-proyectos podrán llegar al CEP por tres caminos principales: i) identificados por medio de los mecanismos de programación del desarrollo rural instalados en las provincias; ii) formulados por los propios productores interesados, a través de las Unidades de Ejecución iii) Identificados por los propios integrantes de los Comités de Evaluación Provincial. Las iniciativas tendrán la correspondiente evaluación o preparación técnica por parte de los técnicos de las Coordinaciones Provinciales de la UCAR La elección de los sub-proyectos a ser beneficiados será por simple mayoría. El Comité de Evaluación Provincial podrá identificar subproyectos de interés y encaminar su preparación a la Coordinación Provincial de la UCAR como a su vez, aprobar subproyectos presentados por esas Coordinaciones. Los equipos técnicos de las Coordinaciones Provinciales de la UCAR le darán soporte e información a los Comités para garantizar que los subproyectos considerados para su aprobación, sean efectivamente elegibles, pero no participarán en los procesos de toma de decisiones sobre los subproyectos. Los representantes de los tres grupos de beneficiarios por la sociedad civil serán invitados a todas las reuniones del CEP. Cada grupo de beneficiarios (productores rurales, comunidades indígenas y trabajadores transitorios) tendrá un solo voto el que será ejercido de acuerdo al subproyecto que sea tratado. En el caso específico de las comunidades indígenas, su representante participará con derecho a voto cuando se traten temas específicamente vinculados a pueblos indígenas. A efectos de seleccionar el representante por las comunidades indígenas de cada provincia en el CEP correspondiente, la UCAR del MAGyP convocará a través del INAI a las organizaciones indígenas de cada provincia para que estas elijan su representante. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 88 Marco de Gestión Ambiental y Social Se detallan a continuación las instancias de participación de los pueblos indígenas en las diferentes etapas de formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de subproyectos comunitarios. a) Formulación: Las comunidades indígenas son quiénes formulan sus propias propuestas, para lo cual recibirán capacitación y asistencia técnica por parte del Equipo Socio Territorial de cada provincia. También pueden presentar como propias propuestas elaboradas por otras instituciones dedicadas al desarrollo rural. La formulación de los subproyectos comienza con un diagnóstico participativo a través de talleres para identificar los temas prioritarios en cada territorio. Para viabilizar la participación de las comunidades indígenas se procederá a: a) la capacitación de los técnicos que los asisten en metodologías participativas y culturalmente apropiadas, y b) la capacitación de los propios beneficiarios. b) Aprobación: El representante indígena en cada provincia podrá participar con voz de todas las reuniones del CEP, teniendo derecho a voto cuando sean tratados subproyectos que involucren a comunidades indígenas. c) Ejecución: Todos los grupos indígenas recibirán asistencia técnica para la implementación de los subproyectos por parte del Equipo Técnico de Asistencia en cada provincia quien estará integrado por especialistas en la problemática indígena y centrarán su trabajo en los aspectos productivos y socio-organizativos de cada subproyecto. En caso de ser necesario podrán trabajar idóneos de la comunidad en la asistencia técnica con sus propios conocimientos a efectos de evitar la implantación de conocimientos que no reconozcan como propios. d) Evaluación y Seguimiento: Las instancias de seguimiento están conformadas por la participación del representante indígena en las reuniones de cada CEP en las que se analizarán los informes de seguimiento de los subproyectos. Las comunidades indígenas también participan en el seguimiento de la evolución de los subproyectos en los que son parte. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 89 Marco de Gestión Ambiental y Social 8.10. Mecanismos de Divulgación Para la difusión del Proyecto y de este MPPI entre la población indígena se utilizarán mecanismos de participación e información culturalmente apropiados. En este marco se elaborarán materiales de difusión que serán diseminados por los medios y formatos más adecuados para esta población. Para la difusión del Proyecto se trabajará con: a) los técnicos de los programas de gobierno y organismos intermediarios existentes, y b) con organizaciones indígenas para explicar sus características, incluyendo los tipos de actividades a ser financiadas y los procedimientos para solicitar las mismas. Se realizarán actividades especiales de difusión entre la población indígena de manera de reforzar los incentivos para que las demandas se corporicen en subproyectos direccionados hacia las líneas previstas y asegurar la participación de estos grupos. Los resultados esperados de estas actividades de divulgación son la motivación de los grupos de pueblos indígenas e instituciones de apoyo para participar en el Proyecto; y la identificación de necesidades técnicas y de capacitación para formulación de subproyectos. Se deberá poner a disposición de las comunidades indígenas afectadas el informe de la evaluación social y el PPI de los subproyectos correspondientes de una manera apropiada y en la lengua adecuada. 8.11. Consultas del MPPI con los pueblos indígenas El Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales y el presente Marco de Planificación para Pueblos Indígenas está siendo formulado en consulta con las organizaciones representativas de estas comunidades. A tal efecto, los responsables del equipo de formulación del Proyecto realizaron el 28 de septiembre de 2010 una presentación de los avances y lineamientos del mismo a la Mesa Coordinadora del Consejo de Participación Indígena del INAI. Dicha presentación se acompañó de un documento describiendo las características del proyecto y de un diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina que forma parte del documento del proyecto. Durante la reunión los representantes indígenas formularon diversas consultas y consideraciones que se sintetizan a continuación: - sobre los mecanismos de participación en la formulación y definición de los proyectos que los involucren; Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 90 Marco de Gestión Ambiental y Social - la necesidad que los proyectos se enmarquen en su cosmovisión (sustentabilidad ambiental, relación integral con la tierra como recurso y ligada a la espiritualidad, etc); - necesidad de abordaje a través de la comunidad, evitando las fracturas y conflictos internos que se producen con los proyectos individuales; - reconocimiento de los idóneos de la comunidad para trabajar en la asistencia técnica con sus propios conocimientos, evitando la implantación de conocimientos que no reconocen como propios; - inclusión de proyectos no orientados a comercialización o salto de escala de producción (por ejemplo: plantaciones de árboles nativos, farmacopea indígena, producción de alimentos libres de agroquímicos, etc.); - requirieron aportar su experiencia participando activamente en la elaboración del Manual Operativo del proyecto; - su interés respecto a la participación en el Comité de Evaluación Provincial, dado que no se consideran representados por el FONAF. Se solicitó a la Mesa Coordinadora del CPI que revisara los documentos de proyecto y expresaran sus consideraciones respecto de la información allí expresada, así como también formularán sus aportes para la participación en el Comité de Evaluación Provincial y sobre la definición de los problemas y las acciones a proponer al proyecto (ver ANEXO VIII – Acta de presentación del Proyecto a Mesa de Coordinación del Consejo de Participación Indígena). Adicionalmente, el jueves 14 de octubre de 2010, se realizó una presentación a la Comisión de Seguimiento del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios de las características del Proyecto y de su Marco de Planificación para Pueblos Indígenas. Días antes a la presentación se había circulado entre los miembros del Encuentro copias impresas del documento del MPPI para que los miembros pudieran informarse previamente. Durante la reunión el equipo de formulación expuso las características del Proyecto, sus objetivos y las actividades que se llevarán a cabo, haciendo hincapié en los mecanismos de participación y respondió las consultas de los presentes. Con posterioridad a la presentación los miembros de la Comisión de Seguimiento se reunieron y labraron un acta sobre el Proyecto en la que expresan su conformidad en términos generales con el Proyecto y su MPPI, destacando la intervención propuesta por el Proyecto desde las potencialidades de los pueblos originarios y sus comunidades (ver ANEXO IX – Acta presentación del Proyecto al Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Indígenas). Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 91 Marco de Gestión Ambiental y Social Entre las propuestas efectuadas por el ENOTPO al Proyecto se destaca el pedido de respeto de las formas organizativas de las Comunidades asegurando su participación efectiva en las distintas etapas de la ejecución del Proyecto. Por otra parte se solicitó incluir las tecnologías y sistemas ancestrales entre las actividades a considerar por los sub-proyectos y considerar la contratación en los equipos del proyecto de técnicos indígenas idóneos que cuenten con el aval de las organizaciones de pueblos indígenas. Como el diseño del Proyecto tuvo algunas modificaciones respecto a la versión que se presentó al ENOTPO en octubre de 2010, el 4 de marzo de 2011 se mantuvo una nueva reunión con la Comisión de Seguimiento de dicha organización a efecto de informarles sobre los cambios introducidos en el Proyecto. En forma previa a esta nueva reunión se les hizo llegar a los integrantes de la Comisión de Seguimiento el documento que les permitiera analizar con anticipación a la reunión las modificaciones introducidas. En la reunión mantenida el 4 de marzo, se informaron los cambios y se respondieron consultas de los presentes quienes volvieron a expresar su apoyo al proyecto. Expresaron su interés en que el proceso participativo que se desarrolló durante la formulación del proyecto se mantenga durante la ejecución y reiteraron la importancia que el proyecto incluya las tecnologías y sistemas ancestrales entre las actividades a considerar por los sub-proyectos (Figura 6). Figura 6 Presentación del Proyecto ante ENOTPO Nota: Presentación llevada a cabo el 4 de marzo de 2011. Asimismo, los miembros de la Comisión de Seguimiento expresaron en dicha reunión que iban a hacer llegar información actualizada por ellos sobre, entre otros temas, listado de Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 92 Marco de Gestión Ambiental y Social organizaciones de pueblos indígenas, población por pueblo indígena y comunidades por provincia y región. Estas consultas con las organizaciones e instancias representativas de los pueblos indígenas continuarán regularmente durante todas las etapas del proyecto. Por otra parte, el día 4 de marzo de 2011 se realizó una presentación del Proyecto ante la Unidad de Coordinación del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF) la cual consistió en informar sobre el objetivo, la estrategia de intervención y la población beneficiaria del Proyecto. Los miembros de dicha Unidad de Coordinación expresaron su apoyo y consentimiento al Proyecto y su interés de seguir participando a través de consultas periódicas en las distintas etapas del Proyecto así como también poder opinar en la formulación del Manual Operativo (ver ANEXO X – ACTA DE REUNIÓN CON FORO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (FONAF). 9.0 MARCO DE POLÍTICA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 9.1. El Proyecto y la Política de Reasentamiento Involuntario de Población El objetivo de esta sección es presentar un marco de procedimiento bajo el cual el Proyecto gestionaría el reasentamiento involuntario de población en el caso que alguna de sus actividades así lo requiriera 17. Los lineamientos aquí establecidos responden a la Política Operativa 4.12 del Banco Mundial sobre Reasentamiento Involuntario y se aplican a los efectos económicos y sociales directos resultantes de las actividades financiadas por el Proyecto causados por: a) la privación involuntaria de tierras, que de por resultado: el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no. b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas. 17 Se entienden por “involuntarias” aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada consienta en ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto. Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 93 Marco de Gestión Ambiental y Social