FICHA INTEGRADA DE DATOS SOBRE SALVAGUARDAS ETAPA DE EVALUACIÓN . Informe No.: ISDSA2040 Fecha de elaboración 10 – ene – 2013 /actualización de ficha ISDS: Fecha aprobación/publicación 14 – ene – 2013 I. INFORMACIÓN B�SICA A. Datos Básicos del Proyecto País: Nicaragua Proyecto N°: P121152 Nombre del Proyecto: Segundo Proyecto de Administración de Tierras en Apoyo al Programa de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP II) (P121152) Gerente del Proyecto: Enrique Pantoja Fecha estimada de 22-ene-2013 Fecha estimada 26-mar-2013 evaluación: presentación Directorio: Unidad Directiva: LCSAR Instrumento Crediticio: Préstamo para una inversión específica Sector: Administración del Gobierno Central (60%), Administración de Gobiernos Sub nacionales (25%), Sector agrícola, pesca y forestal (15%) Tema: Administración y manejo de la propiedad (56%), Derechos privados y derechos reales (15%), Descentralización (7%), Pueblos Indígenas (2%), Gestión de Desastres Naturales (20%) ¿El presente Proyecto se procesa bajo la salvaguarda OP 8.50 (Recuperación de No Emergencia) o la OP 8.00 (Respuesta Rápida ante Crisis y Emergencias)? Financiamiento del Proyecto (en millones de dólares) Costo total 40.00 Financiación del Banco 40.00 Cofinanciamiento total Brecha presupuestaria 0.00 Fuente de Financiamiento Cantidad PRESTATARIO/BENEFICIARIO 0.00 Asociación Internacional de Fomento (AIF) 40.00 Total 40.00 Categoría Ambiental B – Evaluación Parcial ¿Es el proyecto una repetición? No ¿Es un proyecto transferido? Sí . 2. Objetivos de Desarrollo del Proyecto Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son: (a) Fortalecer los derechos de propiedad de la población que habita en el área de cobertura del Proyecto mediante el mejoramiento de los servicios de regularización, titulación y registro de la propiedad; (b) Mejorar la capacidad de Nicaragua para responder de manera rápida y efectiva ante emergencias elegibles. 3. Descripción del Proyecto Cimentado a partir de la operación exitosa del Programa de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP, P056018), el Proyecto propuesto contará con el financiamiento de un crédito de US$ 40 millones de dólares otorgado por la AIF para ejecutarse en un periodo de cinco años. Desde el 2002, PRODEP ha ayudado a Nicaragua a alcanzar dos grandes logros: un marco de ordenamiento de la propiedad más sólido y transparente y una metodología comprobada para llevar a cabo la regularización sistemática de la propiedad. En consecuencia, la Procuraduría General de la República será la entidad ejecutora mediante una Unidad Coordinadora de Proyecto, en coordinación estrecha con las entidades co –ejecutoras y municipalidades participantes. En términos más específicos, el Proyecto trabajará con las cuatro principales entidades co- ejecutoras del proyecto anterior: (i) Corte Suprema de Justicia (CSJ), INETER, responsable del catastro nacional, INIFOM, encargada del desarrollo municipal y MARENA (Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente), a cargo de las actividades relacionadas con las áreas protegidas. Asimismo, INIDE, co- ejecutará las actividades de fortalecimiento de la capacidad de recopilación y de evaluación de datos, contempladas en el Componente 1. Finalmente, la Intendencia de la Propiedad (IP), un ente descentralizado adscrito a la PGR, coordinará las actividades de regularización y titulación de propiedades. El Proyecto propuesto contempla cinco componentes: (1) Consolidación del marco institucional y de políticas; (2) Fortalecimiento del registro de la propiedad y de los mecanismos alternos de solución de conflictos; (3) Regularización y titulación de propiedades; (4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto; (5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias. Componente 1: Fortalecimiento del Marco Institucional y de Políticas (US$ 7.3 millones de dólares) Sub-componente 1.1: Fortalecimiento de la capacidad institucional del catastro físico y regularización de propiedades, mediante (a) apoyo brindado al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), traducido entre otras cosas en: (i) Preparación de normas técnicas y administrativas para el Catastro; (ii) Dotación de capacitaciones sobre la estandarización de los procedimientos y políticas catastrales; (iii) Formación de capacidades para la prestación de servicios catastrales; (iv) Renovación y equipamiento de oficinas selectas; (b) apoyo a favor de la Intendencia de la Propiedad (IP) traducido entre otras cosas en (i) Actualización del Sistema Integrado de Información de la Propiedad (SIIPRO) e instauración del Sistema de Información Legal y Catastral (SILEC); (ii) Fortalecimiento de la capacidad institucional del IP para brindar servicios de titulación, regularización legalización y servicios legales mediante asistencia técnica, formación de capacidades, renovación y equipamiento de oficinas selectas. Sub-componente 1.2: Fortalecimiento de los servicios municipales de administración de tierras mediante el apoyo al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) traducido en: (i) La preparación de las guías y regulaciones técnicas del manejo catastral municipal; (ii) La consolidación de la capacidad de los municipios participantes en (A) El manejo del SISCAT para el cobro de los impuestos de la propiedad y ordenamiento territorial; (B) El fortalecimiento de la sostenibilidad de los catastros municipales; (C) La coordinación de los servicios catastrales con INETER; (iii) El enlace entre el SISCAT, el Sistema Integrado Administrativo y Financiero Municipal (SIAFM) y el catastro nacional de INETER. Subcomponente 1.3: Reforzamiento de la capacidad de recopilación y evaluación de datos mediante el apoyo a INIDE, traducido en: (i) La ejecución de una encuesta de medición de los niveles de pobreza (EMNV) y de un módulo para capturar información sobre la tenencia de la tierra; (ii) El fortalecimiento de la capacidad de análisis de datos a futuro y de encuestas, a través de la dotación de capacitaciones, equipamiento, software, vehículos, equipamiento y reacondicionamiento de las instalaciones de capacitación. Componente 2: Fortalecimiento del registro de la propiedad y de los mecanismos de solución alterna de conflictos (US$ 4.10 millones de dólares) Sub-componente 2.1: Fortalecimiento del Registro de la Propiedad y de la Resolución Alterna de Conflictos mediante el apoyo a la Corte Suprema traducido entre otras cosas en: (i) El apoyo a las actividades de formación de capacidades dirigidas al personal y consultores para la titulación y registro sistemático en los registros de la propiedad regionales en los municipios participantes; (ii) La prestación de servicios de mediación durante los procesos catastrales y de regularización, incluyendo la prestación de capacitaciones para la resolución de conflictos y la preparación de un manual para estandarizar los resultados de mediación. Sub-componente 2.2: Consolidación del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro (SIICAR) a través de: (i) La finalización y perfeccionamiento de la versión piloto del SIICAR; (ii) El despliegue de la versión mejorada del SIICAR en los municipios participantes en al menos tres departamentos adicionales del país a través de asistencia técnica, capacitaciones y dotación de software, hardware, licencias, equipos de computación y de oficina. Componente 3: Servicios de Titulación y Regularización (US$ 17.80 millones de dólares) Sub-componente 3.1: Fomento de los servicios de catastro, titulación y regularización a través de: (i) La ejecución de actividades sistemáticas de levantamiento catastral, regularización, titulación y registro en los municipios participantes; (ii) Elaboración de encuestas, regularización, titulación y registro de parcelas según la demanda y para personas naturales priorizadas por los programas nacionales, seleccionados de conformidad con los criterios estipulados en Manual Operativo; (iii) Legalización de propiedades elegibles de la reforma agraria en manos de sus tenedores actuales ; (d) Implementación de la estrategia de comunicaciones del Proyecto. Sub-componente 3.2: Demarcación y titulación de los territorios indígenas mediante la demarcación y titulación de dos áreas complementarias de los territorios indígenas Mayanga Sauni Bu (MSBU) y Miskitu Indian Tasbaika Kum, MITK, inclusive la ejecución de actividades de formación de capacidades y coordinación, validación de los diagnósticos territoriales existentes, creación de mecanismos de solución alterna de conflictos, demarcación, titulación y registro de propiedades. Sub-componente 3.3: Demarcación de las áreas protegidas, traducida entre otras cosas en: (i) La demarcación de los linderos externos de las áreas protegidas, preparativos, recopilación de datos, consultas con los beneficiarios, determinación de linderos, geo referencia y demarcación física de los linderos; (ii) El lanzamiento de una campaña de comunicación y educación ambiental en las áreas protegidas y comunidades aledañas. Componente 4: Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto (US$ 2.8 millones de dólares) Sub-componente 4.1: Apoyo a la Administración del Proyecto, traducido entre otras en: (i) Capacitaciones y talleres; (ii) Actividades de coordinación, administrativas y fiduciarias del Proyecto, incluyendo auditorías; (iii) Supervisión de la ejecución de la estrategia de comunicación y de la estrategia de género para el Proyecto. Sub-componente 4.2 Apoyo al monitoreo y evaluación, traducido entre otras cosas en: (i) La recopilación de los datos de la línea de base para cuantificar los impactos sociales, ambientales y económicos provocados por el Proyecto; (ii) La preparación de los informes de avance semestrales, la evaluación de mitad de periodo y la evaluación final Componente 5: Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (US$ 8.00 millones de dólares) Sub-componente 5.1: Brindar respuesta inmediata para enfrentar una emergencia importante. El componente financiará gastos públicos y privados de una lista positiva de bienes nacionales e importados y/u obras, bienes, servicios (incluyendo costos de auditoría) y costos de operaciones de emergencia necesarios para posibilitar la recuperación de emergencia de Honduras. Un Manual Operativo específico se aplicará en este componente, detallando la gestión financiera, compras, salvaguardas y demás mecanismos de ejecución. El Manual Operativo será un requisito primordial que debe cumplirse para proceder con los desembolsos del componente. 4. Ubicación Geográfica del Proyecto y Principales Características Físicas relacionadas con el Análisis de las Salvaguardas (de conocerse) El área de influencia del Proyecto abarca municipios seleccionados de Nueva Segovia y Jinotega para realizar actividades sistemáticas de levantamiento catastral y regularización. El Proyecto continuará abarcando municipios de los departamentos de Chinandega, Estelí, Madriz y León para finalizar los esfuerzos pendientes de regularización y consolidar el proceso de modernización institucional. También se llevará a cabo la regularización conforme a la demanda existente. Características Generales del �rea de Influencia del Proyecto Nueva Segovia y Jinotega comparten la frontera norte con Honduras y están localizados en la región central del país. Estelí, Madriz, Chinandega y León están en la Región del Pacifico, la cual cuenta con la densidad demográfica más alta y es el centro económico y demográfico del país. Las mejores tierras de cultivo se concentran en la zona occidental de esta área (León y Chinandega) y contiene una considerable actividad agroexportadora (azúcar, maní, soya, ajonjolí y banano). Algunas partes de la Región del Pacifico son secas. La poca y decreciente disponibilidad de agua representa una amenaza creciente para la producción agrícola local. La Región Central es montañosa y presenta problemas de erosión de suelos en la parte norte y poco acceso a agua en la parte central. La densidad poblacional es baja y la infraestructura está poco desarrollada, lo cual limita el acceso a los mercados. La zona norte alberga importantes productores de café, mientras que el área central se caracteriza por ganadería extensiva. Según el censo del 2005, la población total del área de influencia del Proyecto es de 1.6 millones de personas (en ese entonces equivalente a un tercio de la población nacional). Tal como lo demostró el Estudio Social (ES), los municipios atendidos por el Proyecto se caracterizan por presentar valores de pobreza y analfabetismo mayores a los índices promedios. Según cifras del 2009, las tasas de pobreza en el área de influencia del Proyecto (49%) es mayor que el promedio nacional (42.5%). Los índices de pobreza extrema también son más elevados que la norma nacional (18.2% versus 14.6%). Los niveles de analfabetismo son mayores ya que el 18.9% de la población de 15 años de edad o más no sabe leer ni escribir (en comparación con el promedio nacional de 4.10%). Es importante señalar que el analfabetismo es mucho más grave en la población rural (22.7% versus 10% de la población urbana). En cuanto al acceso y tenencia de la tierra, el 53.5% de la población forma parte del sector primario, un índice superior al promedio nacional de 39.7%. Sin embargo, la mayor parte de la tierra está en manos de grandes y medianos productores (49% y 43.5% respectivamente), mientras que los pequeños productores poseen el 7.5% restante. El estudio demostró que los pueblos indígenas representan el 3.8% de la población del área de influencia del Proyecto y que la mayoría de las comunidades indígenas se concentran en los departamentos de Madriz y Jinotega. �reas protegidas El Proyecto contempla el amojonamiento físico de los linderos externos de cinco áreas protegidas, ubicadas en Jinotega y Nueva Segovia: (i) Reserva Natural Cordillera Dipilto (Nueva Segovia); (ii) Reserva Natural Cerro – Dantali – El Diablo (Jinotega); (iii) Reserva Natural Cerro Kilambe (Jinotega); (iv) Reserva Natural Macizo de Penas Blancas (Jinotega); (v) Reserva Natural Volcán Yali (Jinotega). Las áreas protegidas a demarcar ya cuentan con Planes de Gestión Ambiental. El Proyecto no contempla la actualización de dichos planes ni impulsará cambios en la zonificación actual de las áreas protegidas. Comunidades indígenas asentadas en la Región Central y el Pacifico: Existen comunidades indígenas asentadas en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega y Madriz. Podemos enumerar Mozonte (Nueva Segovia); Jinotega y Pantasma (Jinotega); San Lucas, Telpaneca, y Totogalpa (Madriz). Reserva Biosfera de Bosawas. El Proyecto demarcará y titulará los territorios de diez comunidades indígenas del dpto. de Jinotega, ubicadas en una Zona de Régimen de Desarrollo Especial, creada por el decreto ejecutivo N° 19-2008. Esta Zona de Régimen de Desarrollo Especial se encuentra en la cuenca de los ríos Alto Wangki y Bocay, dentro de la Reserva Biosfera de Bosawas y cubre los territorios indígenas de Mayanga Sauni Bu (MSBU), Miskitu Indian Tasbaika Kum (MITK) y Kipla Sait Tasbaika (KST). El Proyecto original apoyó la demarcación y titulación de áreas claves de dichos territorios en el 2007. La demarcación y titulación de las áreas complementarias de los territorios MSBU y MITK dará por terminado este proceso. �rea complementaria de MSBU: Los Mayagnas han reclamado derechos de propiedad sobre el territorio MSBU desde que la Reserva Bosawas se creó en 1991. El reclamo original comprendía 15 comunidades, pero sólo nueve con una extensión de 947.38 km2 fueron incluidos en el título de propiedad original. Las seis comunidades que todavía faltan por recibir su titulación son: Yapuwas, Kiuhsi, Wisuh, Sakarasang, Silamplanta y Tunawlang. Las primeras cuatro forman un bloque, mientras que las otras dos están geográficamente aisladas, pero comparten orígenes e historia en común con el territorio MSBU. Las seis comunidades cubren un área de 216.03 km2. La población total de las comunidades de 877 personas, de las cuales el 75% son indígenas y el 25% restante, no. No se reportan conflictos entre indígenas y pobladores de origen foráneo; estos últimos se caracterizan por su actitud conciliatoria. De conformidad con la ley 445, las autoridades territoriales pueden celebrar acuerdos de renta de tierras con colonos no indígenas. �rea Complementaria de MITK: Este territorio miskito fue demarcado en 1997, pero las comunidades de Ulwasking, Amarrana, Yakalpanani y Plis quedaron fuera del perímetro original debido a la presencia de grupos armados en ese entonces. En el 2007, el gobierno otorgó un título a MITK tomando en cuenta el perímetro original que cubre un área de 652.3 km2. El área complementaria tiene una superficie de 269.38 km2. Unos 1,800 indígenas y 12,000 no indígenas están asentados en esta área. La mayoría de los forasteros son inmigrantes del municipio de Wiwilí o del resto de Jinotega. . 5. Especialistas en Salvaguardas Ambientales y Sociales que integrarán el Grupo de Trabajo Mary Lisbeth Gonzalez (LCSSO) Marco Antonio Zambrano Chávez (AFTG1) . . 6. Políticas de Salvaguardas Aplicables ¿Activadas? Explicación (Opcional) Estudio Ambiental OP/BP 4.01 Sí El Proyecto está clasificado como “Categoría B�. El Banco Mundial procedió a preparar y aprobar el Estudio Ambiental (EA) y su respectivo Plan de Gestión Ambiental (PGA). Ambos fueron dados a conocer previos a la evaluación en los sitios web del Beneficiario y del Banco Mundial. El EA permitió (a) Identificar los posibles impactos positivos y negativos, directos e indirectos o consecuencias acumulativas asociadas con el Proyecto, tomando en cuenta todas las salvaguardas aplicables; (b) Identificar mecanismos y medidas para prevenir, evitar, minimizar o compensar los impactos negativos. Las actividades que podrían provocar posibles impactos ambientales son: (a) Beneficiarios que corten bosques para reclamar posesión de la tierra, previo al levantamiento catastral; (b) Demarcación física de las áreas protegidas; (c) Obras civiles menores como parte de la renovación de las oficinas institucionales. La estrategia de comunicación hizo hincapié que el desmonte o despale no es necesario para reclamar posesión. El MARENA ha preparado guías para la demarcación de las áreas protegidas, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales. De conformidad con dichas guías, el desmonte alrededor o entre los mojones no es necesario. El Proyecto financiará una campaña de concientización ambiental para fomentar la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. El PGA deberá contener guías para las obras civiles y el presupuesto para su ejecución. Hábitats Naturales OP/BP 4.04 Sí La política se activa en relación con las áreas protegidas que se van a demarcar. A pesar que dichas áreas protegidas están habitadas, son en sí hábitats naturales. Los linderos están bien definidos desde un punto de vista administrativo y el Proyecto no alterará ningún lindero. Se espera que el Proyecto contribuya a la preservación de esos hábitats naturales al amojonar los linderos administrativos y al actualizar la cartografía con registros georreferenciados. Las áreas protegidas a demarcar ya cuentan con Planes de Gestión Ambiental avalados por el MARENA, pero el Proyecto no hará ninguna revisión de los mismos ni alterará la definición de las zonas existentes Bosques OP/BP 4.36 Sí Esta política se activa por el hecho que las áreas protegidas a demarcar albergan zonas boscosas. Se espera que el Proyecto contribuya a la preservación de esos hábitats naturales al amojonar los linderos administrativos y al actualizar la cartografía con registros georreferenciados. El Proyecto no financiará ninguna actividad forestal (natural o plantación). Control de Plagas OP 4.09 No No se activa porque las actividades del Proyecto no comprenden la adquisición, uso o almacenamiento de pesticidas ni financiará la compra, uso o fomento del empleo de químicos agrícolas. Patrimonio Cultural Tangible OP/BP 4.11 Sí Activada por el hecho que las acciones del Proyecto pueden darse en lugares que puedan contener sitios sagrados, paisajes de importancia cultural o patrimonios culturales tangibles aún no detectados. Las actividades que implican riesgos potenciales son, entre ellas, obras civiles menores, levantamiento catastral, demarcación de áreas protegidas y demarcación de territorios indígenas. Las leyes y procedimientos nacionales relacionados con los patrimonios culturales tangibles se aplicarán en caso de “descubrimientos fortuitos� que puedan darse durante las obras de construcción y los procedimientos a seguir deberá estar consignados en el PGA y en el Manual Operativo. El Estudio Social y las consultas públicas con los pueblos indígenas ayudarán a identificar los sitios sagrados y los paisajes de importancia cultural. El Plan para Pueblos Indígenas deberá contemplar acciones para evitar, minimizar o mitigar cualquier riesgo potencial contra cualquier patrimonio cultural tangible de cualquier pueblo indígena Pueblos Indígenas OP/BP 4.10 Sí Activada porque el Estudio Social y demás análisis indican que los pueblos indígenas se cuentan entre los beneficiarios del Proyecto. El gobierno elaboró un Estudio Social (ES) y un Plan para Pueblos Indígenas (IPP), así acompañados de consultas libres, previas e informativas con los pueblos indígenas afectados para obtener amplio apoyo comunitario. El ES y el proceso de consultas permitieron evaluar los posibles impactos derivados de todas las actividades del Proyecto en los pueblos indígenas y a la vez, evaluar las opciones disponibles para que el diseño del Proyecto y del IPP puedan evitar o mitigar cualquier efecto adverso, fomentar la participación y asegurar beneficios a favor de los pueblos indígenas. El IPP establece procedimientos para asegurar que se celebren consultas libres, previas e informativas con las comunidades indígenas e incluso evitar, minimizar, mitigar o compensar cualquier impacto adverso identificado. Asimismo, el IPP está complementado por una Estrategia de Género y una Estrategia de Comunicaciones. Cualquier decisión que tomen los pueblos indígenas se respetará. El Proyecto no financiará ninguna actividad catastral en las municipalidades sin el consentimiento de los pueblos indígenas que las habiten. Reasentamiento Involuntario OP/BP 4.12 Sí Salvaguarda activada debido a la posibilidad de afectar los medios de vida o de sustento de la población que vive en las áreas protegidas a demarcar. El gobierno elaboró un Marco Procesal que evita, minimiza o mitiga las restricciones de acceso. El Marco Procesal tomó en cuenta los Planes de Gestión Ambiental de las áreas protegidas para determinar los riesgos que implica la restricción de los medios de sustento de la población y así proponer guías para posibles planes de acción. La aplicación del marco procesal será responsabilidad del MARENA, en estrecha colaboración con los especialistas sociales/de género y medio ambiente de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) Seguridad de Represas OP/BP 4.37 No Política no aplicable porque las actividades del Proyecto no contemplan la construcción de presas ni dependen de represas existentes. Vías Fluviales Internacionales OP/BP No Política no aplicable porque las actividades del 7.50 Proyecto no se ejecutarán ni influirán en vías fluviales internacionales Proyectos en �reas en Litigio OP/BP 7.60 No Política no aplicable porque las actividades del Proyecto no se realizarán en áreas en litigio. II. MANEJO DE PROBLEMAS CLAVES RELACIONADOS CON SALVAGUARDAS A. Resumen de Problemas Claves relacionados con las Salvaguardas 1. Describir los problemas relacionados con las salvaguardas y los impactos asociados con el proyecto reestructurado. Identificar y describir consecuencias potenciales, a gran escala, significativas y/o irreversibles: No aplica. 2. Describir los posibles impactos indirectos y/o a largo plazo derivados de actividades futuras previstas en el área del Proyecto: Los impactos indirectos tienen que ver con el amojonamiento físico de las áreas protegidas y con las obras civiles menores que forman parte de la renovación de las oficinas institucionales. Es poco probable que la demarcación provoque impactos en la biodiversidad porque se emplearán GPS e imágenes satelitales como parte del proceso. Las obras civiles menores, esenciales para la demarcación de las áreas protegidas, exigen abrir brechas que podrían generar surcos especialmente en cuestas o pendientes. Estos sitios incluso podrían convertirse en depósitos de desechos y fuentes contaminación. El PGA contempla medidas de mitigación de las obras menores que se darán en las áreas protegidas. De conformidad con las guías y regulaciones del MARENA, no se requerirá el desmonte alrededor o entre los mojones no será necesario para llevar a cabo las actividades del Proyecto. Aunque no fue el caso bajo el proyecto previo, existe la posibilidad que los campesinos se vean estimuados a despalar zonas boscosas para demostrar sus derechos de posesión y usufructo de parcelas, lo que podría provocar impactos adversos a largo plazo si no se mitigan o si se da a gran escala. Es posible que el poseedor de las tierras acelere las acciones de desmonte antes que se dé el levantamiento catastral de Proyecto. Además de las acciones de desmonte, quizás personas o grupos se ven inclinados a tomarse tierras públicas o áreas protegidas para presionar el proceso de titulación. El marco legal es claro al respecto y la estrategia de comunicaciones hace énfasis que no es necesario efectuar desmontes para reclamar posesión sobre un terreno. El Proyecto financiará una campaña de concientización ambiental que fomente la conservación y el manejo racional y sostenible de los recursos naturales. 3. Describir las opciones consideradas para ayudar a evitar o minimizar los impactos adversos. No aplica. 4. Describir las medidas tomadas por el Prestatario para abordar problemas relacionados con las salvaguardas. Evaluar la capacidad del Prestatario para planificar y ejecutar las medidas descritas. La PGR y las entidades co-ejecutoras están familiarizadas con las salvaguardas del Banco relacionadas con los esfuerzos de ordenamiento de la propiedad del país. PRODEP ha cumplido satisfactoriamente con las salvaguardas y dicha comportamiento debe continuar porque con el nuevo proyecto se aplicarán medidas similares. Bajo PRODEP, estas entidades obtuvieron mucha experiencia con la demarcacion de 14 áreas protegidas, amojonamiento y titulación de 15 territorios indígenas, sin aparentes impactos sociales o ambientales negativos. La capacidad para ejecutar las salvaguardas se verá fortalecida al integrar al equipo de la UCP-PGR a una especialista social/género y a un especialista ambiental, complementados por un especialista en comunicaciones. Los dos especialistas supervisarán la aplicación del PGA, le darán seguimiento a los impactos ambientales y sociales y coordinarán los aspectos de sostenibilidad ambiental y social del todo el proyecto con la asistencia de las entidades co-ejecutoras, en especial del MARENA. Asimismo, el Banco Mundial capacitará de vez en cuando al personal del proyecto para garantizar la preservación de la capacidad ejecutoria de las salvaguardas y del énfasis en los temas sociales y ambientales. El PGA ha establecido las buenas prácticas que regularán las obras menores dentro de las áreas protegidas y la renovación de las oficinas de las entidades co-ejecutoras. MARENA ha elaborado directrices similares para las actividades de demarcación y le dará seguimiento al avance de las mismas a través de las delegaciones municipales. El Estudio Ambiental (EA) y el Estudio Social (ES) se darán a conocer a todos los municipios y en el campo por parte de los especialistas de la UCP. Se llevarán a cabo capacitaciones y talleres para mejor comprensión y aplicación del EA y del ES. Es importante resaltar que el gobierno y las entidades del Proyecto han demostrado su compromiso de darle continuidad a un proceso libre, previo e informativo de consultas con las comunidades indígenas. En el caso de las áreas protegidas, el proceso de demarcación arranca con las consultas a los municipios y demás actores, seguido de la selección y contratación de servicios técnicos. El amojonamiento en sí se hará en conjunto con los actores locales asociados con el área protegida. La campaña educativa relacionada con la demarcación es una herramienta útil para involucrar a los actores pertinentes y promover la sostenibilidad ambiental. Todas estas actividades están alineadas con el marco procesal preparado para el Proyecto. Cabe señalar que el Proyecto financiará sólo la demarcación de los linderos externos de las áreas protegidas y acciones conexas (como la colocación de los mojones), complementadas por una campaña de educación ambiental. Por ende, el Proyecto no financiará ninguna regularización o titulación en estas áreas. En cuanto a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, es importante señalar que la Constitución de Nicaragua reconoce sus derechos colectivos territoriales, además de la ratificación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, por razones sociopolíticas e históricas, existen diferencias entre las regiones Pacifico, Central y el Caribe, en una manera y grado en que se puedan ejercitar ichos derechos. La región del Caribe, colonizada por los británicos, comprende casi la mitad del territorio nacional, con una exigua densidad demográfica en su mayoría compuesta por comunidades indígenas que han preservado sus organizaciones culturales y tradicionales. En el Pacifico – el corazón económico y demográfico del país – los derechos a la propiedad se originan de títulos reales (decretos reales) otorgados por la corona española. En la región central, los derechos de propiedad se adquirieron a partir de posesiones ocurridas durante la colonización y asentamientos a lo largo del avance de la frontera agrícola. La mayor parte de las poblaciones indígenas en estas zonas perdieron sus culturas y tradiciones, siendo absorbidas por la predominante cultura “mestiza�. Como un reflejo de estas circunstancias históricas y políticas, la región del Caribe goza de un régimen de autonomía relativa, mientras que la Ley N° 445 les da a las comunidades indígenas un marco legal e institucional, necesarios para reconocer formalmente sus derechos a sus territorios ancestrales, traducidos en territorios con cierto nivel de autodeterminación y autonomía. Aunque en las regiones del Pacifico y Central, el reconocimiento de los territorios indígenas aun no es posible, en general el gobierno ha respetado los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, por lo que ha realizado acciones de levantamiento catastral y regularización de dichas tierras sólo cuando la comunidad en cuestión aceptar participar en el proceso a través de sus tradicionales órganos decisorios con base en consultas previas, libres e informativas. Siguiendo las mismas prácticas, bajo el Proyecto, no se realizará ninguna actividad catastral en un municipio con pueblos indígenas, salvo que éstos hayan dado su consentimiento y que la regularización de la tenencia de la tierra se haga de conformidad con el marco legal existente. Las consultas deberán estar bien documentadas para asegurar transparencia y rendición de cuentas. El ES evaluó las formas en que el Plan para Pueblos Indígenas (IPP) ayudará a mitigar los impactos adversos o negativos. Los indicadores SMART servirán para apuntalar el monitoreo de los procesos de consultas y participación. 5. Identificar a los actores principales y describir los mecanismos de consultas y de publicación de las políticas de salvaguardas, con énfasis en las personas que podrían verse afectadas. El Proyecto ejercerá en general impactos positivos en la población de los municipios participantes. Los principales actores del Proyecto son: (a) Beneficiarios individuales de los servicios de levantamiento catastral, titulación y regularización: la participación de la población beneficiaria en el levantamiento catastral y regularización es fundamental para el éxito del Proyecto. Entre quiénes se verán más beneficiados por el Proyecto, podemos contar a las cooperativas que han dividido en parcelas sus territorios a favor de personas naturales y poseedores sin papeles legales, en especial aquellos asentados en tierras nacionales sujetas a regularización. (b) Mujeres beneficiarias de los servicios de titulación y regularización. La reforma agraria de los años 80 favoreció a los hombres como jefes de familia y antiguos jornaleros permanentes en la distribución de tierras. Sin embargo, a partir que en Nicaragua se aprobaron leyes de igualdad de género, es exigido que los títulos salgan a nombre del esposo y esposa. El Proyecto contribuirá a balancear el sesgo inicial de género a través de nuevas acciones de titulación y regularización, de conformidad con el nuevo marco legal. El Proyecto contempla una estrategia de igualdad de género que garanticen que los beneficios tengan impactos positivos también en las mujeres, por lo que el marco de resultados contemplará indicadores diferenciados por género. (c) Comunidades Indígenas. Serán en específico las dos áreas complementarias sujetas a demarcación y titulación como parte de los territorios indígenas de MSBU and MITK y posiblemente comunidades indígenas en otras áreas de las regiones Pacífico y Central, atendidas por el Proyecto. (d) Poblaciones que viven dentro o adyacente a las áreas protegidas. El MARENA llevará a cabo la demarcación de los linderos externos de las áreas protegidas en consulta con los actores locales. Se hará una encuesta para recopilar datos socioeconómicos e información sobre la tenencia de la tierra, pero no está programada ninguna acción de regularización de parcelas dentro de las áreas protegidas por parte del Proyecto. (e) Autoridades municipales y personal técnico. Se beneficiarán de la asistencia técnica, información catastral y coordinación más estrecha que se establezca con las instituciones nacionales, lo cual podrá traducirse en un mejoramiento de los servicios y en el aumento de los ingresos fiscales. (f) Entidades co-ejecutoras. Consolidarán sus capacidades institucionales y la información sobre la tenencia de la tierra, necesaria para cumplir con sus misiones fijadas. Los actores secundarios son: (a) Urbanizadoras y agentes de bienes raíces; (b) Organizaciones de productores y asociaciones comerciales; (c) Organismos no gubernamentales y proveedores de servicios profesionales; (d) Otras instituciones públicas con necesidades de acceso a información catastral y de registro. Desde que asumió su papel como ejecutor principal del proyecto original en el 2008, la PGR ha demostrado su compromiso de alcanzar resultados sostenibles. La PGR y las instituciones co-ejecutoras han dado pruebas fehacientes de un historial de trabajo satisfactorio durante el proyecto previo. El cumplimiento de las salvaguardas también fue satisfactorio. Tal como se mencionó antes, la UCP contará en sus filas con especialistas en temas ambientales, sociales/ de género y comunicaciones. El Proyecto propuesto contemplará incluso un mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias al adaptar el sistema existente de la PGR. En términos más generales, la UCP-PGR y las entidades co-ejecutoras deberán asegurarse que los procesos de consultas y participación brinden oportunidades adecuadas a las comunidades indígenas para que se involucren en todas las fases ejecutorias del Proyecto. Además del PPI y del marco procesal, el marco de consultas del Proyecto contempla incluso actividades de alcance social necesarios para adelantar los procesos de levantamiento catastral y regularización, los cuales también están asociados con la estrategia de comunicaciones y el mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias. Las actividades de consultas contemplan reuniones con las autoridades locales, técnicos, líderes comunitarios y organizaciones interesadas. En las acciones cotidianas de levantamiento catastral y regularización, la participación de los beneficiarios es esencial para recopilar información legal y geográfica sobre las propiedades y validarla. Un mecanismo importante radica en las exposiciones públicas, las cuales son parte integral del proceso de levantamiento catastral y regularización. A través de todo el marco de consultas, el Proyecto pretende que: (a) Los pueblos indígenas gocen de consultas adecuadas y legítimas y que su decisión de participar y de percibir beneficios a partir del Proyecto se respete; (b) Para las comunidades que decidan participar, la estrategia de consultas y participación se ajuste a sus idiomas, valores culturales y organizaciones sociales, a la vez que se presta atención a las necesidades particulares de las mujeres y de los grupos vulnerables; (c) Los procesos de consultas y participación estén sujetos a un seguimiento de cerca y que se evalué el grado de efectividad y el impacto de la participación de los pueblos indígenas. B. Plazos de Publicación Estudio Ambiental/ Auditoría/Plan de Gestión Ambiental/Otros: Fecha de recepción por parte del Banco Mundial 22-Dic-2012 Fecha en que se remitió al InfoShop 27-Dic-2012 Para proyectos de categoría A, fecha en que el Resumen Ejecutivo del EA se entrega al Directorio Ejecutivo Fecha de publicación en el “país� Nicaragua 27-Dic-2012 Comentarios: Plan de Acción de Reasentamientos/Marco de Trabajo/ Proceso de Políticas Fecha de recepción por parte del Banco Mundial 22-Dic-2012 Fecha en que se remitió al InfoShop 27-Dic-2012 Fecha de publicación en el “país� Nicaragua 27-Dic-2012 Comentarios: Plan de Pueblos Indígenas/Marco de Planificación Fecha de recepción por parte del Banco Mundial 22-Dic-2012 Fecha en que se remitió al InfoShop 27-Ene-2013 Fecha de publicación en el “país� Nicaragua 27-Dic-2012 Comentarios: Si el Proyecto activa las salvaguardas de Control de Plagas y/o Patrimonio Cultural Tangible, dichos aspectos deben abordarse y publicarse como parte del Estudio Ambiental/Auditoría/PGA Si se espera que no se publique a nivel de país alguno de los documentos antes mencionados, favor explicar la razón: C. Indicadores de Seguimiento de Cumplimiento a nivel corporativo OP/BP/GP 4.01 - Estudios Ambientales ¿Exige el Proyecto contar con un informe independiente de EA Sí [ X ] No [ ] NA [ ] (inclusive PGA)? En caso afirmativo, ¿la Unidad Ambiental Regional o el Sí [ X ] No [ ] NA [ ] Administrador de Sector (SM) revisaron y aprobaron el informe del EA? ¿Van incorporados los costos y rendición de cuenta del PGA en el Sí [ X ] No [ ] NA [ ] crédito/préstamo? OP/BP 4.04 - Hábitats Naturales ¿Provocará el Proyecto alguna conversión o degradación de los Sí [ ] No [ X ] NA [ ] hábitats naturales críticos? En caso que el Proyecto provoque la conversión significativa o Sí [ ] No [ ] NA [ X ] degradación de otros hábitats naturales (no críticos), ¿el Proyecto contempla medidas de mitigación aceptados por el Banco Mundial? OP/BP 4.11 - Patrimonio Cultural Tangible ¿El EA contempla medidas adecuadas relacionadas con patrimonio Sí [ X ] No [ ] NA [ ] cultural? ¿El crédito/préstamo incorpora mecanismos para mitigar los posibles Sí [ X ] No [ ] NA [ ] impactos adversos contra patrimonios culturales? OP/BP 4.10 - Pueblos Indígenas ¿Se preparó por separado un Plan de Pueblos Indígenas/Marco de Sí [ X ] No [ ] NA [ ] Planificación (según corresponda) en consultas públicas con los pueblos indígenas afectados? En caso afirmativo, ¿la Unidad Regional responsable de las Sí [ X ] No [ ] NA [ ] salvaguardas o el Administrador de Sector revisaron dicho plan? Si el Proyecto en su totalidad está diseñado para beneficiar al IP, ¿la Sí [ ] No [ ] NA [ X ] Unidad de Desarrollo Social Regional o el Administrador de Sector revisaron dicho diseño? OP/BP 4.12 - Reasentamiento Involuntario ¿Se elaboró un Plan de Reasentamiento/plan abreviado/marco de Sí [ X ] No [ ] NA [ ] políticas/marco procesal (según corresponda el caso)? En caso afirmativo, ¿entonces la Unidad Regional responsable de las Sí [ X ] No [ ] NA [ ] salvaguardas o el Gerente de Sector revisaron dicho plan? OP/BP 4.36 - Bosques ¿Se llevó a cabo un análisis sectorial amplio de los aspectos y Sí [ ] No [ ] NA [ X ] limitaciones políticas e institucionales? ¿El diseño del Proyecto contempla medidas satisfactorias para Sí [ ] No [ ] NA [ X ] superar dichas limitaciones? ¿El Proyecto financiará extracción comercial de madera? En caso Sí [ ] No [ ] NA [ X ] afirmativo, ¿contempla algún sistema de certificación? Política del Banco Mundial sobre la Divulgación de Información ¿Los documentos con las salvaguardas pertinentes se enviaron al Sí [ X ] No [ ] NA [ ] Infoshop del Banco Mundial? ¿Los documentos pertinentes se dieron a conocer en el país en un Sí [ X ] No [ ] NA [ ] formato y lenguaje entendible y accesible para todos los grupos afectados por el Proyecto y ONG locales? Todas las Salvaguardas ¿Se prepararon y dejaron de manera clara y satisfactoria todas las Sí [ X ] No [ ] NA [ ] responsabilidades institucionales, de calendario y presupuesto para llevar a cabo las medidas relacionadas con las salvaguardas? ¿Los costos relacionados con las políticas de salvaguardas se Sí [ X ] No [ ] NA [ ] incluyeron en el costo del Proyecto? ¿El sistema de Monitoreo & Evaluación (M&E) del Proyecto Sí [ X ] No [ ] NA [ ] contempla darle seguimiento al impacto de las salvaguardas y las medidas aplicables a las mismas? ¿Se acordaron mecanismos de ejecución satisfactorios con el Sí [ X ] No [ ] NA [ ] Prestatario y éstos se reflejan correctamente en la documentación legal del Proyecto? III. APROBACIONES Gerente del Proyecto: Nombre: Enrique Pantoja Aprobado por: Gerente del Sector: Nombre: Laurent Msellati Fecha: